La Secretaría de Gobierno de Quintana Roo, encabezada por Cristina Torres Gómez, confirmó que María Adela, la joven chetumaleña reportada como desaparecida y localizada en la Ciudad de México, permanece internada en el Instituto Nacional de Psiquiatría “Ramón de la Fuente Muñiz” por decisión propia.
Según la funcionaria, la joven envió una prueba de vida mediante un video a las autoridades de la Comisión de Búsqueda de Personas, en el cual manifiesta encontrarse bien de salud y solicita explícitamente que no se informe a sus familiares sobre su paradero. Bajo el marco legal que protege la autonomía de los adultos, las autoridades han respetado esta petición.
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Los parientes de María Adela, quienes lograron ubicarla por sus propios medios tras perder contacto con ella desde enero, sostienen que la joven podría estar retenida contra su voluntad. Sin embargo, la Secretaría de Gobierno enfatizó que, ante la existencia de una declaración de voluntad grabada y la falta de una denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado, las autoridades están impedidas legalmente para realizar una intervención directa o solicitar una orden de cateo en la institución médica.
La situación se complica debido a la intervención de una tercera persona, identificada como la compañera de cuarto de María Adela en la capital del país. Presuntamente, fue ella quien facilitó el internamiento y actualmente figura como la responsable legal ante el instituto, lo que ha bloqueado el acceso de la familia directa a la joven.
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A pesar de estas trabas, la madre de María Adela logró obtener un amparo judicial que le permitió una breve visita de pocos minutos, tras la cual aseguró que su hija le expresó verbalmente el deseo de abandonar el centro psiquiátrico.
Ante este panorama, la administración estatal asegura que no ha abandonado el acompañamiento a la familia, aunque recalca que la resolución del conflicto depende ahora de las acciones legales que se emprendan en la Ciudad de México.
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La madre de la joven ha manifestado que procederá legalmente ante las autoridades capitalinas para esclarecer las condiciones del internamiento y recuperar la tutela de su hija, mientras que el gobierno de Quintana Roo mantiene la vigilancia del caso a través de la comunicación interinstitucional, a la espera de que se defina si la voluntad de la joven fue expresada de manera libre o bajo coacción.
Fernando Baeza
