Las investigaciones del reciente rescate de las 8 mujeres que eran víctimas de trata de personas revelaron que 7 de ellas fueron traídas de Colima y Jalisco, bajo engaños para laborar como acompañantes y la otra agraviada, es originaria de Chicago, Estados Unidos.
Después de la movilización registrada la mañana del martes pasado en un edificio de departamentos de la Supermanzana 32, la Fiscalía General del Estado (FGE) informó que el operativo abarcó también una segunda vivienda, ubicada en la Supermanzana 523.
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De esta manera, los agentes de la Policía de Investigación con el apoyo de elementos de la Guardia Nacional rescataron a 4 de las mujeres en el edificio de la calle Isla Holbox esquina con avenida La Costa y las otras 4 víctimas fueron localizadas en un domicilio de la calle Canario, en la Supermanzana 523.
Las primeras investigaciones revelaron que las agraviadas son en su mayoría madres solteras en situación de vulnerabilidad y eran obligadas a realizar servicios sexuales para saldar deudas impagables, generadas por los gastos de traslado y hospedaje.
Los operativos fueron realizados en cumplimiento a órdenes de cateo, emitidas por un juez, sin que se reportara la detención de los integrantes de una presunta red de trata de personas, en la modalidad de explotación sexual.
La primera movilización se registró en la calle Isla Holbox, en donde los elementos rescataron a tres mujeres de nacionalidad mexicana y a una estadounidense, mientras en la vivienda de la calle Canario fueron ubicadas las otras 4 víctimas de nacionalidad mexicana.
Las investigaciones establecieron que el modo de operar del grupo delictivo consistió en enganchar a sus víctimas, a través de amistades, para ofrecerles trabajo como acompañantes o edecanes, bajo la promesa de altos ingresos.
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Los involucrados en la red de trata de personas se aprovecharon de la precaria situación económica de las mujeres y les ofrecieron cubrir los gastos de traslado y hospedaje a Cancún, pero posteriormente les indicaron que debían de pagar entre 6 mil y 10 mil pesos por esos servicios.
De esta manera, las víctimas permanecían presionadas para saldar esa deuda inicial y eran obligados a realizar hasta cinco servicios sexuales diarios, en jornadas de 12 horas de trabajo, con tarifas de 2 mil 500 pesos por cliente, pero ellas se quedaban únicamente con el 50 por ciento.
Las agraviadas refirieron que sufrieron de maltrato, amenazas de muerte y sanciones económicas que volvían su deuda impagable.
