En Nohalal, una comunidad de Tekax, Yucatán, se registró una devastadora mortandad de más de tres millones de abejas entre mayo y julio pasado. Estudios coordinados por El Colegio de la Frontera Sur (Ecosur) y la Junta Intermunicipal Biocultural del Puuc (Jibiopuuc) confirmaron que el plaguicida fipronil, clasificado como “altamente peligroso”, fue el agente causante del desastre.
Sin embargo, aunque se estableció con claridad la causa de este ecocidio ambiental, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) no ha ejecutado acciones decisivas. El presunto responsable, la agrícola Granos y Vegetales de Yucatán, continúa operando su parcela sin restricciones, lo que mantiene en riesgo la próxima temporada apícola.
Desde el inicio del desastre, los apicultores, encabezados por Sebastián Chan, han mostrado disposición para colaborar de forma pacífica y legal. Sin embargo, explican que llevan dos meses sin recibir una solución concreta, atrapados en la incertidumbre de saber qué ocurrirá con sus colmenas y su sustento.
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Sospecha e inacción
Este medio entrevistó en exclusiva a José Alberto González Medina, titular de Profepa en Yucatán, y al igual que los apicultores afectados, dijo por primera vez públicamente que, también sospecha de la parcela de limón ya citada.
Puntualizó en ese entonces que, se está trabajando en el proceso legal para poder buscar al responsable directo y hacerle pagar por el daño al ambiente y a la salud de los habitantes de Nohalal. González Medina reconoció al fipronil como ultra tóxico y peligroso para las personas.
El fipronil fue identificado claramente como el culpable mortal —mostrándose en niveles letales en las abejas muertas— y su aplicación ocurrió cerca de los apiarios, a menos de un kilómetro de distancia. A pesar de tal evidencia, no hay sanciones registradas ni acciones legales visibles hasta la fecha.
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Lentitud institucional
Grupos comunitarios y defensores del campo consideran que la lentitud y falta de contundencia por parte de Profepa no sólo pone en peligro la producción de miel y el sustento de las familias apícolas, sino también representa una amenaza para el ecosistema local y la salud pública, pues el fipronil puede filtrarse en el suelo, el agua y el aire, afectando a unas 15 familias, incluidos niños y adultos mayores que viven en zonas cercanas.
Este caso refleja también un vacío en la respuesta institucional: un desastre ambiental con pruebas claras, pero sin medidas efectivas. Mientras tanto, la comunidad espera que el caso trascienda el bloqueo burocrático y se transforme en una lección para elevar los protocolos de protección ambiental en Yucatán.
Ecosur publicó el análisis toxicológico el 3 de julio de 2025, destacando la peligrosidad del fipronil y su conexión directa con la catástrofe de abejas, sin embargo, se cumplen dos meses y los afectados, continúan a la deriva y en el desconcierto de que es lo que pasará, puesto que, los sospechosos, continúan laborando con normalidad.
