La disputa entre el alcalde de Homún, Joan Gregorio Góngora Suárez, y la comisaria de San Isidro Ochil, Roxana Cámara Avilés, escaló de un desacuerdo administrativo a una crisis de gobernabilidad que hoy mantiene en incertidumbre a una comunidad de casi mil habitantes, afectada por la falta de servicios básicos y un conflicto que ya requirió la intervención del Tribunal Electoral del Estado de Yucatán (TEEY).
El punto de quiebre llegó hace unos días durante un juicio promovido por la Comisaria, donde el tribunal confirmó que el Alcalde vulneró los derechos político-electorales de la funcionaria al retenerle su sueldo de manera ilegal desde octubre del 2024. Ante esto, ordenó al Ayuntamiento de Homún pagar en un plazo de 24 horas los salarios retenidos. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición no se tenía información sobre el cumplimiento de la sentencia.
Lejos de ser un hecho aislado, el dictamen exhibió una confrontación sostenida entre ambas autoridades desde el inicio de la actual administración, marcada por acusaciones de uso político del presupuesto, bloqueos administrativos y señalamientos de conductas autoritarias.
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La relación entre el Palacio Municipal y la Comisaría de Ochil se fracturó casi desde el inicio de la gestión 2024-2027. Los antecedentes de esta rispidez incluyen: Violencia documentada, en abril del 2025, el Alcalde fue exhibido en redes sociales tras agredir e intentar intimidar a una mujer que grababa una petición de ayuda de los vecinos. Con la frase “no te equivoques”, el Edil fue señalado por su actitud autoritaria.
Asimismo, la comisaria Roxana Cámara ha denunciado durante casi dos años que el Alcalde utiliza el presupuesto como una herramienta de castigo político, afectando directamente a los ciudadanos de la comisaría. “El conflicto ha trascendido lo personal y lo legal para afectar el día a día de los habitantes”, dijo.
También se reportó un rezago crítico que los vecinos atribuyen a una represalia directa del Alcalde: deficiencia extrema en el alumbrado público, carencia de mantenimiento en calles, ausencia de topes y señalamientos viales, inexistencia de brigadas de limpieza constantes, así como inseguridad creciente ante la falta de presencia policial coordinada.
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Tras la sentencia del TEEY, el ambiente en la comunidad es de una tensa calma. Las autoridades de San Isidro Ochil y el grupo de vecinos que respalda a la Comisaria se encuentran a la expectativa del cumplimiento de la ley.
Incluso existe un temor fundado entre los pobladores de que el alcalde Góngora Suárez, a pesar del mandato judicial, mantenga su postura de bloqueo administrativo.
Los líderes comunitarios han advertido que, de no normalizarse el pago de salarios y, sobre todo, el restablecimiento de los servicios básicos, elevarán sus protestas ante el Congreso del Estado y la Comisión de Derechos Humanos de Yucatán (Codhey).
“No es sólo el dinero de la Comisaria, es el respeto a nuestra comunidad. No podemos vivir a oscuras y entre basura sólo porque el Alcalde tiene un problema personal con nuestra representante. No fluyen los recursos y apoyos, por tanto mantenemos limpio los lugares públicos mediante el trabajo voluntario de los vecinos”, manifestó Sisely Tzuc, una de los vecinas de Ochil.
El caso del municipio se perfila como un precedente importante sobre cómo el abuso del poder municipal puede ser frenado por las instituciones, mientras San Isidro Ochil espera que la justicia electoral se traduzca en calles iluminadas y una administración digna.
