Quien recorre Mérida tiene la impresión de que la ciudad nunca para de construirse. Grúas en el norte, andamios en el centro, desarrollos habitacionales que avanzan hacia la periferia. El paisaje urbano da la sensación de un sector en plena ebullición. Pero los números cuentan otra historia.
La industria de la construcción en Yucatán cerró 2025 en terreno rojo, con una caída anual del 23 por ciento en diciembre, según el reporte de Producción de las Empresas Constructoras emitido por la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) con datos al 24 de febrero del 2026. Para dimensionar el golpe: el promedio nacional de caída fue de 4.9 por ciento. Yucatán lo cuadruplicó.
La paradoja es llamativa. El estado que presume dinamismo económico, inversión extranjera y un modelo de crecimiento sostenido, cerró el año con uno de los desempeños más débiles del sector constructor en todo el país: el puesto 24 en el Semáforo Estatal de la CMIC, con luz roja encendida.
El culpable tiene nombre: la obra pública
El diagnóstico del reporte es preciso y no deja lugar a dudas sobre el origen del problema. La industria de la construcción en Yucatán tiene dos grandes fuentes de trabajo: el sector privado y el sector público. En diciembre del 2025, ambos jalaron en sentido contrario, pero con fuerzas muy desiguales.
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El sector privado, que concentró el 87 por ciento de la producción total, creció 5.3 por ciento en términos anuales. Es un número modesto pero positivo, consistente con la expansión inmobiliaria y los proyectos industriales que efectivamente se observan en la ciudad.
En noviembre del 2025, la construcción en Yucatán reportó un avance del 9.8 por ciento anual, impulsada por el desarrollo urbano, la expansión inmobiliaria y proyectos de infraestructura activos en la entidad.
Pero el sector público –que apenas representa el 13 por ciento restante– se desplomó un 73 por ciento. Esa cifra no es un tropiezo: es un colapso. Y fue suficiente para arrastrar el desempeño general de toda la industria hacia números negativos.
La contracción se sintió en prácticamente todos los tipos de obra: transporte y urbanización cayó 49.6 por ciento; electricidad y telecomunicaciones bajó 23.1 por ciento; agua, riego y saneamiento retrocedió 8.9 por ciento; edificación disminuyó 11.4 por ciento. Sólo el rubro de petróleo y petroquímica se mantuvo sin variación, aunque su peso en la entidad es marginal.
Un sector de pequeñas empresas con grandes problemas
El impacto de esta contracción no se distribuye de forma homogénea. Yucatán tiene 750 unidades económicas dedicadas a la construcción, de las cuales el 47 por ciento son microempresas y el 40 por ciento pequeñas. Es decir, casi nueve de cada diez empresas del sector en el estado son unidades de tamaño reducido, con capacidad financiera limitada para absorber caídas sostenidas en la demanda.
Esas empresas son las que más sienten cuando la obra pública se frena. No tienen proyectos privados de gran escala a los cuales migrar, ni reservas suficientes para esperar que los contratos gubernamentales se reactiven. Y los números de empleo lo confirman: aunque el número total de personas ocupadas en el sector creció 3.8 por ciento en diciembre respecto al año anterior, el empleo formal cayó 12.7 por ciento en la comparativa anual. A nivel nacional, eso se tradujo en la pérdida de 5 mil 746 plazas de los 1.66 millones de empleos formales registrados en el sector. La remuneración base en la industria se ubicó en apenas 407 pesos mensuales.
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El dato del empleo informal es, en sí mismo, una señal de alerta: cuando una industria crece en número de trabajadores pero pierde empleo formal, lo que está ocurriendo es una precarización del trabajo, no una expansión saludable.
El contexto peninsular: Yucatán no es el peor
Hay un dato que, paradójicamente, da cierto alivio relativo: en la Península de Yucatán, el estado no ocupa el último lugar. Quintana Roo, en el puesto 28 nacional, acumuló una caída del 42 por ciento en su sector constructor. En octubre de 2025, la caída en la industria de la construcción de Quintana Roo fue de 47.3 por ciento a tasa anual. Campeche, en el puesto 30, registró el descenso más pronunciado de los tres: 53.3 por ciento, una de las caídas más severas de todo el país.
Los tres estados peninsulares comparten el mismo diagnóstico de fondo: la reducción del gasto público en infraestructura golpeó especialmente a una región que históricamente ha dependido de la inversión gubernamental para sostener su sector constructor. El fin del Tren Maya como gran proyecto detonador dejó un vacío que ni el sector privado ni los gobiernos locales han podido llenar del todo.
Hay razones para el optimismo en el 2026
El panorama al inicio de 2026 tiene elementos que justifican precaución, pero también señales concretas de recuperación. La CMIC Yucatán no está cruzada de brazos. En marzo de 2026, la delegación local de la Cámara inauguró sus Foros de Infraestructura y Visión Estratégica 2026, donde la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) presentó un plan de inversión de aproximadamente 900 millones de pesos para el año, a ejercerse mediante diversas licitaciones.
La apuesta del gobierno federal por la construcción también genera expectativas. El sector de la construcción fue declarado prioritario dentro del Plan México, con objetivos definidos para 2026: desarrollar polos de bienestar, nuevos esquemas de inversión mixta y hasta 100 parques industriales en el país. Para Yucatán, eso significa una ventana de oportunidad si los recursos efectivamente llegan a la entidad.
Del lado privado, las noticias son más alentadoras. El estado ha anunciado 19 inversiones nacionales e internacionales que representan más de 34 mil millones de pesos y la generación de más de 19 mil empleos, muchos de ellos ligados a proyectos de infraestructura industrial, logística y portuaria. La ampliación del Puerto de Progreso, con una inversión que supera los 12 mil millones de pesos, es el proyecto ancla que podría reactivar el sector en los próximos años.
El presidente de la CMIC en Yucatán, Felipe Alberto Canul Moguel, reconoció que a pesar de factores externos como los aranceles de Estados Unidos, los constructores se mantienen optimistas por la cantidad de obras públicas y privadas que se desarrollan en la entidad. “Los constructores estamos con todo el ánimo alto de seguir adelante”, afirmó.
El optimismo del gremio es comprensible. Pero los datos de 2025 son una advertencia clara: cuando la inversión pública se retira, el dinamismo privado no alcanza para mantener el sector a flote. Yucatán necesita que ambos motores jalen al mismo tiempo. Por ahora, uno de los dos está en neutro.
