En el Congreso de Yucatán se presentó una iniciativa de ley en materia de no discriminación y garantía de derechos para personas que viven con VIH o en etapa avanzada de la enfermedad, impulsada por el Colectivo S3D (Salud, Dignidad, Derechos y Diversidad).
Gerardo Cabrera Reséndiz, presidente de la organización, informó a POR ESTO! que la propuesta busca eliminar del marco legal cualquier disposición que criminalice o discrimine a quienes viven con el Virus de Inmunodeficiencia Adquirida (VIH), incluso a nivel de la Constitución federal.
El activista advirtió que en México, y en Yucatán, persiste una “cacería de brujas” contra esta población, lo que ha limitado avances en materia de prevención. Además, señaló que aún prevalece un lenguaje obsoleto en leyes y discursos oficiales, como la expresión “contagiarse de VIH”, cuando en realidad el virus se transmite.
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De aprobarse, Yucatán se convertiría en el tercer estado del país en concretar este tipo de legislación, después de Colima y el Estado de México.
Acciones recurrentes que no se visibilizan
Aunque en la entidad no existen registros formales de criminalización, Cabrera Reséndiz expuso que sí se presentan casos recurrentes de discriminación, como el aislamiento en clínicas y hospitales, la negación de empleo y el rechazo social derivado del desconocimiento, incluso en interacciones cotidianas.
Señaló que la iniciativa ha encontrado disposición en todas las bancadas del Congreso, las cuales han planteado modificaciones, pero con un objetivo común: garantizar una vida plena y libre de discriminación para las personas que viven con VIH en el estado.
Indicó que este avance es resultado del diálogo sostenido con legisladores, lo que permitió que la propuesta fuera discutida en la sesión plenaria más reciente, con opiniones favorables y el respaldo de colectivos y asociaciones civiles.
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En contraste, criticó la falta de acciones del Centro Estatal de Prevención Social del Delito y Participación Ciudadana (Cepredey), al señalar que no ha intervenido en defensa de este sector.
Apuntó que, a más de un año y medio de la actual administración, no existe posicionamiento alguno de dicha instancia, pese a que debería atender casos de discriminación.
En contraparte, destacó que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey) ha brindado acompañamiento y orientación a las personas afectadas, aunque sin facultades sancionadoras.