A pesar de la despenalización de la interrupción del embarazo hasta las 12 semanas en Yucatán, el principal reto sigue siendo garantizar su acceso efectivo, especialmente en zonas rurales, advirtió la maestra en Derecho María Teresa Vázquez Baqueiro en entrevista exclusiva con POR ESTO!.
La especialista explicó que en 2025 se concretó un avance clave en el marco jurídico estatal, al establecer que ninguna mujer puede ser criminalizada por interrumpir su embarazo dentro de ese periodo, considerado seguro desde el punto de vista médico. No obstante, señaló que la aplicación de este derecho aún enfrenta limitaciones en la práctica.
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Indicó que, aunque la legislación contempla la protección de los derechos sexuales y reproductivos, incluida la atención a la violencia obstétrica en la Ley de Acceso a una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, persisten vacíos en su implementación, principalmente en los servicios de salud.
“Los derechos están reconocidos, pero falta que se ejerzan plenamente, sobre todo en comunidades rurales, donde las condiciones de acceso siguen siendo desiguales”, subrayó.
Vázquez Baqueiro advirtió que Yucatán continúa registrando altos índices de embarazo adolescente, con casos de niñas de entre 14 y 16 años que enfrentan maternidades tempranas. En muchos de estos contextos, explicó, las menores abandonan la escuela y no retoman sus estudios, lo que deriva en ciclos de pobreza y nuevos embarazos en corto tiempo.
Añadió que, en algunos casos, las adolescentes buscan formar pareja como alternativa de sustento económico, lo que refleja una falta de protección integral por parte del Estado.
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La especialista también enfatizó la necesidad de que hospitales y centros de salud públicos garanticen atención con confidencialidad y sin estigmas, para que las mujeres puedan ejercer sus derechos sin temor a ser juzgadas.
Si bien reconoció que la reforma al Código Penal representa un avance significativo, advirtió que la violencia obstétrica sigue presente, particularmente en comunidades alejadas, donde las mujeres enfrentan prácticas que vulneran su dignidad durante la atención médica.
Sostuvo que uno de los desafíos centrales es asegurar el ejercicio libre del derecho a la interrupción del embarazo, acompañado de políticas públicas que fortalezcan la educación sexual como herramienta de prevención.
Alertó que aún persisten barreras culturales que dificultan abordar estos temas en el ámbito educativo, donde prevalecen visiones que limitan el debate y continúan asociando la maternidad como único destino para las mujeres.
