A través de un mandato judicial el Juez del Quinto de Distrito ubicado en la ciudad de Mérida, Yucatán, ordenó al depositario Rafael Ortiz Ley acuda al juzgado mercantil debido a que actuó por propia cuenta ante el supuesto embargo, clausura, y la colocación de hojas de notificación del procedimiento del predio ubicado en el cruce de la calle 10 con el Circuito Baluartes propiedad de Eliseo Fernández Montufar, exalcalde de Campeche, ya que la actuación no fue ordenada por las autoridades competentes.
“En el entendido que si bien es cierto, que en el proceso del veintiocho de julio del año en curso se le tuvo aceptando el cargo de depositario judicial, también es cierto que hasta el momento no se le ha puesto en posesión de los bienes embargados en autos, al no haber acreditado que cuenta con bienes suficientes para que sea eximido de otorgar la fianza que establece el artículo 463 del código federal de procedimientos civiles”, señala el documento.
Por su parte el Juez del quinto distrito del Estado de Yucatán, Ricardo Ruiz del Hoyo Chávez, instruyó que en caso de que el posesionario Rafael Ortiz Ley no dé cumplimiento con lo expuesto le será aplicada una multa de cinco mil pesos en moneda nacional mexicana de acuerdo con lo previsto en el artículo 1067 bis del Código de Comercio vigente.
Ahora tanto el representante legal David García, como el posesionario Rafael Ortiz Ley, deberán ser notificados en un plazo de tres días y bajo protesta de decir verdad, qué tipo de acciones han realizado respecto a los bienes embargados en la denuncia interpuesta en contra del exalcalde Eliseo "N".
Cabe recordar que el Centro de Salud Municipal a bajo costo atraviesa un juicio de carácter mercantil, debido a que el propietario del inmueble, el exedil de la capital campechana, otorgó el predio como garantía al adquirir un préstamo por 6.9 millones de pesos para invertir en la campaña política del 2021; dado que mantiene un adeudo de 450 mil pesos, los prestamistas han optado por ejecutar el embargo en la garantía otorgada en el contrato suscrito.
Hasta el momento, la Fiscalía General del Estado (FGE) no ha emitido un posicionamiento respecto al actuar que tuvieron en el acordonamiento del inmueble, que carece de una orden judicial para ponerlo a disposición. De la misma forma, el departamento jurídico del Ayuntamiento de Campeche no ha revelado avances en el amparo que promovieron desde el viernes pasado ante la clausura del inmueble.
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JG