Las comunidades mayas y apicultores de Campeche, junto con los de Yucatán y Quintana Roo pidieron al gobierno federal la declaratoria de la Península de Yucatán como zona de emergencia socioambiental para detener el grave deterioro social y ambiental que se incrementó en los últimos años y que afecta sobre todo a los pueblos indígenas lo anterior al entregar la petición al Gobierno Federal y que posteriormente lo harán a los gobiernos estatales de la Península.
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El documento lo entregaron a la Presidencia de la República, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Comisión Nacional del Agua, la Secretaría de Desarrollo Urbano y a la Secretaría de Salud.
El texto enumera que las afectaciones a las comunidades mayas es la deforestación, la contaminación del agua, la muerte masiva de abejas y afectación a la apicultura, así como la pérdida de certificación orgánica de la miel por cercanía a granjas porcícolas y avícolas, la pérdida de semillas nativas y del territorio indígena, la ruptura del tejido social y el deterioro de la salud de los pueblos y comunidades.
Señalan que los diversos megaproyectos que se desarrollan en la península es lo que genera la crisis socioambiental sin precedentes y advierten que los resultados pueden ser irreversibles principalmente por la agricultura industrial, y que incluye la siembra ilegal de maíz y soya transgénica.
Lo anterior apunta es lo que genera la pérdida de grandes extensiones de selvas y montes y la utilización masiva de agrotóxicos (especialmente por el uso de fipronil, neocotinoides y glifosato) que matan a las abejas, afectando la polinización y destruyendo un medio fundamental de subsistencia del pueblo maya.
Acusa que los agroquímicos vulneran la capacidad de acceso a certificación orgánica de la miel y por lo tanto también limita el costo de la miel, también precisa que la existencia de más de 800 fábricas de cerdos y aves, y que muchas funcionen sin las manifestaciones de impacto ambiental, es lo que propicia la contaminación del agua, generan pérdida de masa forestal y contaminación de apiarios.
Añade que también el crecimiento sin control de las concesiones para la explotación de minas, así como la expansión inmobiliaria que se apropia de la costa peninsular y reduce a las comunidades a colonias de las grandes ciudades es un factor que los afecta gravemente.
Acusan que este despojo es por la colusión de las instituciones agrarias que permite la venta y despojo de ejidos, la destrucción de los cenotes y deforestación de millones de árboles por obras y el establecimiento de cerveceras que secan y salinizan el manto freático.
Aseguran que existen los fundamentos legales para que el gobierno federal y los gobiernos de las entidades federativas, establezcan medidas que detengan los graves impactos socioambientales.
JY
