Pese al acuerdo alcanzado entre la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y las organizaciones sindicales para eliminar las sanciones contempladas en las evaluaciones de desempeño, trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) en Campeche mantendrán su protesta de 'brazos caídos' hasta que las modificaciones sean publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
Con pancartas en las que se lee 'No a evaluaciones arbitrarias, respeten nuestra estabilidad laboral' y exigencias para que los mismos criterios se apliquen a trabajadores de base, jueces y magistrados, los inconformes advirtieron que no levantarán su manifestación únicamente con acuerdos de palabra, pues en ocasiones anteriores se anunciaron mesas de trabajo que nunca se concretaron y terminaron imponiéndose disposiciones unilaterales.
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Ricardo Fragoso Becerra, secretario de Juzgado y representante de 32 Circuitos Unidos y Colegios de Secretarios y Actuarios, explicó que la inconformidad no es contra las evaluaciones ni la capacitación, sino contra los mecanismos subjetivos que podrían poner en riesgo la permanencia laboral de quienes ocupan plazas definitivas.
Remarcó que el esquema cuestionado contempla que 30 por ciento de la calificación dependa de la evaluación del titular del órgano jurisdiccional y de los propios compañeros, con porcentajes de 22.5 y 7.5, respectivamente, lo que consideró un criterio abstracto que no necesariamente mide los conocimientos jurídicos, la experiencia y el desempeño de los trabajadores.
Advirtió que las disposiciones anteriores contemplaban medidas que podían escalar hasta la pérdida del nombramiento, en caso de no aprobar las evaluaciones y agotar los procedimientos establecidos. Por ello, planteó que las deficiencias detectadas deberían atenderse mediante capacitación y nuevas oportunidades de evaluación, no con amenazas de despido.
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En Campeche, estimó que alrededor de 228 trabajadores de base, incluidos secretarios, actuarios y oficiales, forman parte de las categorías involucradas. La protesta también se mantiene en Ciudad del Carmen y otras sedes judiciales del país.
Aclaró que se trata de una manifestación pacífica, sin cierre de edificios ni suspensión total de servicios, por lo que se permitirá el acceso a juzgadores, litigantes y público en general, además de atender asuntos urgentes. La jornada de brazos caídos se mantendrá durante el horario laboral, aproximadamente hasta las 15:00 o 16:00 horas.
Fragoso Becerra señaló que alrededor de 18 a 20 sedes judiciales del país continuaban en la misma postura y advirtió que, aunque algunos compañeros decidieron no sumarse, respetan su decisión. Mientras tanto, los inconformes esperan que el Órgano de Administración Judicial formalice las modificaciones y las publique en el DOF; sólo entonces, aseguraron, regresarán a sus actividades con normalidad.
