Pobladores de Santa Rita Becanchén, en el municipio de Hopelchén, denunciaron que Carlos Diez intenta despojarlos de sus tierras mediante una supuesta compra de terrenos, a pesar de que existen resoluciones jurídicas que les reconocen la propiedad, dio a conocer Avelino Miss.
Señaló que, en el marco del litigio agrario, una jueza emitió una orden que impide a los campesinos acceder a sus tierras por tres meses, lo que afecta directamente 400 hectáreas que ya estaban preparadas para la siembra del ciclo agrícola actual.
El conflicto escaló debido a que Carlos Diez argumenta ser propietario de 63 mil hectáreas, las cuales colindan con los ejidos de Santa Rita, Crucero de San Luis, Chencoh y Xcupil.
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Avelino Miss explicó que, de acuerdo con la resolución del Juzgado del Primer Circuito Judicial, los pobladores no pueden acceder a una franja de 400 hectáreas, que representa una zona clave para el cultivo de maíz, afectando también a otras comunidades agrícolas de la región.
Cuestionó la versión de que una asociación mercantil adquirió los terrenos, ya que los pobladores cuentan con documentación legal y resoluciones previas que les acreditan la propiedad, incluida una decisión del Cuarto Colegiado del Primer Circuito Judicial, que falló a su favor.
Recordó que desde 1986 enfrentaron un primer conflicto por estas tierras, y en aquel entonces también se les dio la razón legalmente. Por ello, consideran injusto ser acusados de despojo, cuando son legítimos propietarios.
Rechazó los señalamientos de Carlos Diez, quien —dijo— los trata como delincuentes y pretende revivir el latifundismo, al intentar acaparar tierras que por generaciones han sido trabajadas por los ejidatarios.
Indicó que los habitantes de Santa Rita ya enfrentan dos denuncias legales, pero continúan su proceso de defensa jurídica, reiterando que nunca incurrieron en actos ilegales y que han sembrado maíz durante más de 60 años con pleno respaldo de documentación agraria.
Finalmente, señaló que acudieron al Palacio de Gobierno para pedir apoyo, pero no obtuvieron respuesta ni respaldo por parte de las autoridades estatales.
