El Congreso del Estado aprobó por mayoría de votos un exhorto dirigido a los 13 ayuntamientos para que, en el ejercicio de sus atribuciones legales y presupuestarias, implementen acciones concretas en materia de Seguridad Pública, ante el aumento de delitos en diversas regiones de la Entidad.
Con 19 votos a favor, 12 en contra y dos abstenciones, el Congreso pidió a los municipios que en sus Presupuestos de Egresos destinen recursos específicos y suficientes para la rehabilitación, mantenimiento y mejora de los destacamentos de policía ubicados en juntas municipales y comunidades rurales. El objetivo es garantizar su operatividad y funcionalidad como puntos de vigilancia y proximidad ciudadana.
Este exhorto se fundamenta en la realidad actual: de los 13 municipios que conforman el Estado de Campeche, solo 10 cuentan con su propia Policía Municipal. En contraste, Campeche, Dzitbalché y Seybaplaya carecen de cuerpos de seguridad propios y dependen totalmente de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC) para realizar tareas de vigilancia y control del orden público.
En la misma sesión también fueron aprobados —por unanimidad— dos proyectos de reforma: uno a la Ley de Protección de Adultos Mayores, y otro al Código Penal del Estado de Campeche. Ambos buscan aumentar en una tercera parte las sanciones por el delito de fraude cometido en contra de personas adultas mayores, cuando estos hayan sido inducidos al error o engaño.
Asimismo, se dio lectura a una iniciativa para modificar los artículos 3 y 70, y adicionar un artículo 36 Bis de la Ley de Turismo del Estado, con el objetivo de establecer medidas de protección a niñas, niños y adolescentes. Esta propuesta se da en el contexto del problema que representa el “turismo sexual” en Quintana Roo, donde existen casos documentados de explotación sexual infantil.
🔹 Exhorto a Seduc
En otro punto del orden del día, el Congreso aprobó por unanimidad un exhorto a la Secretaría de Educación del Estado (Seduc), para que en el ejercicio de su competencia proporcione información que permita aclarar los hechos relacionados con el cobro de cuotas escolares que condicionan el acceso a los servicios educativos.
Este llamado fue presentado a solicitud de padres de familia, que han documentado y denunciado que las cuotas son utilizadas como mecanismos de condicionamiento para la inscripción de alumnos, la aplicación de exámenes o la entrega de documentos oficiales.
De acuerdo con la exposición de motivos, estas prácticas vulneran los principios constitucionales y legales que garantizan el derecho a la educación gratuita y sin discriminación. “Estas situaciones generan un impacto negativo en el derecho de acceso a la educación, al establecer barreras económicas que discriminan a quienes no pueden cubrir dichas contribuciones”, se advierte en el documento presentado.
