El Congreso del Estado de Campeche aprobó este martes 13 de octubre un punto de acuerdo para solicitar a la Universidad Autónoma de Campeche y a la dirección de la Escuela Preparatoria "Dr. Nazario Víctor Montejo Godoy" un informe sobre las acciones emprendidas ante las denuncias públicas de presunta violencia digital contra estudiantes de ese plantel.
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La solicitud busca esclarecer si las autoridades universitarias activaron los protocolos correspondientes para atender los señalamientos, así como conocer las medidas de protección implementadas para salvaguardar la integridad y los derechos de las posibles víctimas.
Entre los aspectos que deberán informar las autoridades educativas se encuentra si las estudiantes recibieron acompañamiento psicológico y jurídico, además de las acciones realizadas para investigar los hechos denunciados y prevenir situaciones similares dentro de la comunidad estudiantil.
¿Qué información exige el Congreso de Campeche a la UACAM?
El acuerdo aprobado establece que la universidad y la dirección de la preparatoria deberán informar sobre los mecanismos de atención utilizados ante las denuncias públicas, particularmente en lo relacionado con la protección de las estudiantes y el seguimiento institucional de los casos.
Asimismo, los legisladores señalaron la importancia de proteger la identidad de las posibles víctimas, mantener la confidencialidad de la información y evitar cualquier forma de revictimización o represalia durante los procedimientos correspondientes.
La solicitud también contempla que las actuaciones de las autoridades educativas respeten el debido proceso, tanto en la atención de las denuncias como en las investigaciones que pudieran derivarse de los señalamientos.
Propuesta del PRI recibe respaldo de Morena, MC, PAN, PVEM y PT
La propuesta fue presentada por la diputada Delma del Carmen Rabelo Cuevas, del PRI, y recibió la adhesión de legisladores de Morena y Movimiento Ciudadano, así como de las diputadas María del Carmen Ávalos Trujillo, del PVEM; María del Rosario Cruz Hernández, del PAN, y Abigaíl Gutiérrez Morales, del PT.
Con la aprobación del punto de acuerdo, el Congreso busca conocer la respuesta institucional ante las denuncias y las medidas adoptadas para garantizar espacios educativos seguros y proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes.
Hasta lo informado en la publicación del Poder Legislativo, no se precisó un plazo para la entrega del informe ni se dieron a conocer los resultados de alguna investigación relacionada con los señalamientos.
JGH
