La secuela procesal de la marcha del 8M es con respeto a los derechos humanos, lo demuestra el hecho de que tres personas están en libertad y dos con medida preventiva justificada en prisión. Además, el proceso de investigación debe confirmar o deslindar el delito, señaló el Presidente del Tribunal Superior de Justicia, Juan Pedro Alcudia Vázquez.
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En el proceso jurídico de las personas imputadas por los hechos de violencia de la marcha del 8M se demuestra que se actúa conforme a derecho, ya que de los cinco detenidos, tres están en libertad, mientras que a dos personas vinculadas, por el tipo de delito, la jueza determinó la prisión preventiva justificada.
Aseguró que el Estado actuó con base en los lineamientos legales, además de que los hechos jurídicos hablan por sí solos. Enumeró que hay tres carpetas de investigación, de las cuales cinco personas fueron judicializadas, aunque tres de los señalados quedaron en absoluta libertad.
Las juezas y jueces de control determinaron que es procedente la suspensión condicional y la medida cautelar en libertad. Aunque en el procedimiento dos de las imputadas fueron vinculadas, el proceso de investigación sigue, por lo que todavía no hay sentencia.
Expresó que existen elementos contundentes para que siga la secuela procesal y admitió que “lo que hay con todas las instituciones públicas, y no hay que tenerle miedo a la palabra, es coordinación y colaboración, con la intención de servir a la ciudadanía”.
Abundó que en el Poder Judicial se judicializaron tres carpetas de investigación que presentó la Fiscalía General del Estado, involucrando a cinco personas imputadas, cuatro mujeres y un hombre. En dos de las carpetas se determinó la total libertad, porque los involucrados se acogieron a una solución alterna, que es la suspensión condicional del proceso, o porque las juezas, en el planteamiento de las partes, determinaron que la medida cautelar podía cumplirse en libertad.
Detalló que para una solución alterna se toma en cuenta el tipo de delito, la pena, los agravios o los daños que se lograron o no. En la revisión de cada una de las carpetas de investigación de las cinco personas, tres están en absoluta libertad, ya sea por suspensión condicional del proceso o por una medida de total libertad.
Añadió que la etapa procesal es la de vinculación a proceso, ya que existen hechos contundentes de que se cometió un delito y la probabilidad de que las personas imputadas, y vinculadas a proceso, fueron quienes lo cometieron.
Ante el delito de tentativa de homicidio, por las penas que se pueden imputar, dos personas permanecen privadas de la libertad, subrayando que están sujetos a un debido proceso además de garantizar todos sus derechos.
Además, indicó que están coordinados con el sistema penitenciario del Poder Ejecutivo para que los imputados estén en las mejores condiciones posibles.
Reiteró que hay respeto a los derechos humanos a quienes se les impuso la medida restrictiva de libertad, ya que “per se no es violatoria de derechos humanos”. Por lo tanto, en las decisiones judiciales también se acompaña a los justiciables para respetar todos sus derechos fundamentales, así como sus garantías de protección.
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JGH
