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Campeche

Semabicce recibió 94 quejas por maltrato a los animales en Campeche

La Procuraduría del Medio Ambiente de Campeche recibió 119 denuncias en 2026, de las cuales 94 fueron por maltrato animal y el resto por ilícitos ambientales.

Semabicce: empresas sin MIA agravan impacto ambiental
Semabicce: empresas sin MIA agravan impacto ambiental / Wilbert Casanova Villamonte

El maltrato animal se posicionó como la principal denuncia recibida por la Procuraduría del Medio Ambiente de Campeche, con 94 quejas en el primer trimestre del año. A estas se suman 25 denuncias relacionadas con el aprovechamiento de materiales pétreos, residuos de manejo especial y emisiones a la atmósfera, alcanzando un total de 119 casos.

De acuerdo con la dependencia, en 2025 se registraron 292 denuncias, de las cuales 227 correspondieron a maltrato animal y 65 a otros ilícitos ambientales. En coordinación con la Fiscalía Especializada en Delitos contra Animales, del Medio Ambiente y Ecosistemas, se realizaron 124 inspecciones operativas en toda la entidad.

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Hasta el momento, en lo que va de 2026, la Procuraduría no ha impuesto sanciones, ya que las denuncias siguen en procedimiento administrativo. En casos donde la documentación no está completa, se realizan visitas de prevención, lo que puede retrasar la aplicación de sanciones.

La titular de la Semabicce, Jocelyn Durán Murrieta, explicó que la Procuraduría atiende casos de maltrato contra animales domésticos, como mantenerlos en condiciones inadecuadas o sin alimento, y los canaliza a la Fiscalía cuando se configuran delitos penales como muerte, atropellamiento o lesiones intencionales.

En cuanto a otros delitos ambientales, como emisiones contaminantes, tala ilegal o desechos sólidos, estos son remitidos a la Profepa. Durán Murrieta calificó como graves las denuncias relacionadas con bancos de materiales, ya que muchas empresas no cuentan con el Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA) requerido para la extracción de pétreos o para nuevos fraccionamientos, especialmente en Áreas Naturales Protegidas, donde la revisión corresponde al Gobierno Federal.