La detención del ambientalista Dennis Pérez Reyes por elementos de la Policía Municipal, presuntamente bajo órdenes del alcalde Pablo Gutiérrez Lazarus, generó una ola de críticas entre organizaciones sociales y defensores del medio ambiente, quienes calificaron el hecho como un abuso de autoridad y un atentado contra la libertad de expresión. Pues aunque no existían motivos para llevárselo a los separos, lo acusaron de alterar el orden público y le cobraron una multa por casi mil 700 pesos. En el hecho también fue retenido el abogado Luis Castro, quien es crítico del gobierno y al llegar a tratar de defender al joven ambientalista dijo haber sido privado de su libertad durante dos horas.
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De acuerdo con el doctor Froilán Palestino Cruz, delegado estatal del Frente Nacional de Pueblos y Comunidades Marginadas, la detención del activista representa un acto fuera de la ley, que vulnera derechos fundamentales y exhibe el uso político de las corporaciones de seguridad en el municipio.
“El presidente municipal es quien dirige la Policía, y si ordena detener a un ciudadano sin una orden judicial, está cometiendo abuso de poder. Esto también es un delito”, señaló.
El ambientalista detenido ha sido un crítico constante del gobierno municipal, particularmente por denunciar el uso y posesión indebida de fauna silvestre protegida. Pérez Reyes había señalado públicamente que el alcalde presuntamente mantenía en su residencia un venado cola blanca, especie protegida por la Ley General de Vida Silvestre, el cual había fallecido la mañana de ayer y que lo culpaba a él, hecho que habría motivado represalias en su contra como su detención.
“Si el presidente municipal tiene animales exóticos o silvestres en su casa, la ley debe aplicarse igual que a cualquier ciudadano. No debe importar el cargo ni el partido. La justicia tiene que cumplirse porque la ley es la ley”, enfatizó el delegado.
El médico recordó además que durante administraciones anteriores de Gutiérrez Lazarus se registraron muertes de animales en el zoológico municipal, debido a la falta de recursos y atención adecuada, lo que ya había sido motivo de denuncias ciudadanas y reclamos de organizaciones ambientales.
Asimismo, Palestino Cruz consideró que este tipo de acciones envían un mensaje de intimidación a quienes alzan la voz contra las arbitrariedades del poder local.
“¿Qué mensaje se da cuando alguien que denuncia es encarcelado? Que el alcalde actúa como si fuera dueño del municipio, cuando solo es su administrador”, expresó.
Finalmente, exhortó a la Fiscalía General del Estado y a la Fiscalía Especializada en Delitos contra Animales y el Medio Ambiente a intervenir de inmediato para investigar tanto la detención arbitraria como la posible posesión ilegal de fauna silvestre por parte del edil, y recordó que la ley debe aplicarse sin distinción de cargo ni partido.
“No debe importar quién sea, si tiene un animal protegido, debe responder ante la ley, la justicia no distingue colores”, concluyó.
PAGO DE MULTA
Tras varias horas después de haber sido detenido, Pérez Reyes fue liberado tras el pago de una multa por mil 697 pesos, esto, luego de que el diputado y secretario de la comisión de Derechos Humanos, Pedro Hernández Macdonal, acudiera a la Policía Municipal para auxiliar al ambientalista, pues el caso se convirtió en un reclamo social.
A decir del legislador, sostuvo pláticas con personal de la corporación y les externó que lo sucedido era una arbitrariedad y un abuso de autoridad, por lo que, si bien se pagaría la multa, seguirá dándole acompañamiento al activista para que presente denuncia correspondiente ante la Comisión de Derechos Humanos, por la vulneración a sus garantías individuales.
PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD
La estancia del activista en los separos de la Policía Municipal también llevó al abogado y dueño de un blog denominado “In-Clausurable”, Luis Castro, a tratar de ayudar al detenido. Sin embargo, tras ingresar a las instalaciones policiales grabando y aunque minutos después apagó el en vivo, generó que fuese ordenado el mantenerlo retenido durante dos horas.
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En una transmisión, Castro afirmó que durante su estancia le hicieron al menos dos valoraciones médicas y en una su presión arterial llegó a 200, por lo que la juez calificador dijo que no podían ingresarlo. Lo dejaron más tiempo y con tal de quererlo detener querían hacerle un tercero, al cual se negó.
Agregó que la orden de privación ilegal de la libertad no quedará impune, pues procederá contra todas las autoridades desde el alcalde, los directores, subdirectores, elementos y jueces calificadores por los hechos cometidos en su contra.