Pese a contar con contratos activos en México y otros países de América, la empresa Marinsa, perteneciente al corporativo CEMZA, sostiene adeudos con sus trabajadores, quienes denunciaron de manera anónima que llevan tres meses sin percibir la totalidad de sus salarios. La situación afecta tanto a quienes laboran en embarcaciones como al personal en tierra.
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De acuerdo con los inconformes, la compañía justifica la falta de pagos señalando que los recursos no han llegado, argumento que consideran poco creíble, sobre todo porque la empresa ha estado bajo constantes investigaciones federales.
Los afectados mencionaron que embarcaciones como el “Lagunero” y el “Puerto Real” trabajan en proyectos en Brasil con Petrobras, pero dentro del consejo de CEMZA y su filial Marinsa se habría manifestado que la nómina no es prioridad, lo que ha generado indignación entre el personal.
Además de los salarios, los trabajadores denunciaron que la empresa cambia de razón social cada seis meses, lo que impide generar antigüedad laboral y complica el pago de liquidaciones en caso de despido. Señalan que en algunos casos los pagos se realizan a cuentagotas, con depósitos parciales que apenas alcanzan para cubrir lo básico.
La tripulación del barco procesador de lodos “Bateleur” y otras unidades trabajan bajo presión económica y laboral, al no poder cumplir con sus compromisos familiares.
Cabe destacar que esta denuncia ocurre en medio de un historial de señalamientos contra Marinsa, investigada por lavado de dinero, evasión fiscal y comercialización ilegal de combustibles. La Fiscalía General de la República (FGR) mantiene carpetas de investigación por operaciones financieras inusuales y posibles delitos relacionados con hidrocarburos. En 2023, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) llegó a bloquear cuentas bancarias del grupo, aunque algunas fueron liberadas mediante amparos judiciales.
Ante este panorama, los trabajadores pidieron que las autoridades laborales investiguen a fondo la situación, no solo por el incumplimiento de pagos, sino también por las prácticas administrativas que podrían estar afectando sus derechos laborales.
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JGH
