México

Plan de Justicia de Cananea: Gobierno federal cierra huelga histórica y activa saneamiento integral del río Sonora

El Gobierno de México presentó el Plan de Justicia de Cananea, que pone fin a la huelga minera iniciada en 2007 y activa un programa integral de salud, agua y remediación ambiental tras el derrame en el río Sonora de 2014.

Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México
Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México / Cuartoscuro

Durante la conferencia mañanera encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional, integrantes del gabinete federal y el gobernador de Sonora presentaron los avances y alcances del Plan de Justicia de Cananea, una estrategia integral que atiende dos de los conflictos sociales y ambientales más prolongados del país: la huelga minera iniciada en 2007 y las afectaciones por el derrame tóxico en el río Sonora ocurrido hace 11 años.

Fin de la huelga minera de Cananea tras 18 años

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, informó que el Gobierno de México logró cerrar definitivamente la huelga de Cananea, una de las más largas en la historia nacional.

El conflicto laboral de la Sección 65 del sindicato minero concluye con la liquidación e indemnización de más de 650 trabajadores, así como de viudas y familias afectadas.

Explicó que el proceso se concretó tras una negociación encabezada por la Secretaría de Gobernación, con la participación de la Secretaría del Trabajo, Hacienda y otras dependencias, bajo la instrucción directa de la presidenta Sheinbaum de no abandonar a los trabajadores ni permitir que el conflicto quedara en el olvido.

Fondo histórico para justicia social y ambiental

Como parte del acuerdo integral, se constituyó un fondo de 2 mil 222.6 millones de pesos, integrado por aportaciones de Grupo México (mil 500 millones de pesos), el Gobierno federal (483.6 millones) y el Gobierno de Sonora (180 millones), además de recursos previamente depositados ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.

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Este fondo permitirá atender de manera simultánea los ejes de justicia laboral, salud, agua potable y remediación ambiental en Cananea y en los municipios de la cuenca del río Sonora.

Remediación del río Sonora y atención a la salud

La secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena Ibarra, detalló que el plan ambiental responde al derrame de 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre ocurrido en agosto de 2014, que contaminó casi 289 kilómetros de la cuenca Bacanuchi–río Sonora, afectando a más de 20 mil personas.

Entre las acciones clave se encuentran estudios para identificar suelos y sedimentos contaminados, saneamiento técnico con confinamiento seguro de residuos, restauración ambiental y monitoreo permanente de metales pesados como arsénico, plomo y cobre.

Agua potable y monitoreo en tiempo real

El titular de la Conagua, Efraín Morales, anunció la instalación de un centro de monitoreo permanente de la calidad del agua, con estaciones automáticas, 42 puntos de muestreo manual y un sistema de visualización en tiempo real.

Además, se construirán 16 nuevas plantas potabilizadoras, 16 sistemas de desinfección y se rehabilitarán instalaciones existentes, con operación garantizada durante al menos cinco años.

Nuevo hospital regional y vigilancia toxicológica

En materia de salud, el IMSS-Bienestar transformará el hospital comunitario de Ures en un Hospital Regional, con 60 camas, 21 consultorios de especialidad, área de cuidados intensivos y un laboratorio especializado en metales pesados y toxicología, una demanda histórica de las comunidades.

Un cierre histórico, señala Sonora

El gobernador Alfonso Durazo Montaño calificó el anuncio como un acto de reconciliación histórica, al resolver dos conflictos que gobiernos anteriores dejaron sin atención. Subrayó que Cananea deja atrás la confrontación para convertirse en símbolo de justicia social y ambiental.

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que el plan refleja el principio del humanismo mexicano, al priorizar la atención a las víctimas, la reparación del daño y la responsabilidad del Estado frente a conflictos sociales de larga data.

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