
Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, informó sobre el inicio de la entrega de apoyos a los afectados por la tromba en Tamaulipas y los avances en las asambleas comunitarias para el ejercicio directo de recursos en comunidades indígenas.
Montiel detalló que el censo realizado en Reynosa y Río Bravo registró 12 mil 316 viviendas afectadas.
Para atender esta emergencia, se destinó una inversión de 98.5 millones de pesos, y a partir de este 28 de abril y hasta el 30 de abril, las familias recibirán ocho mil pesos para limpieza de viviendas.
Además, la Secretaría de la Defensa Nacional entregará paquetes de enseres domésticos, que incluyen refrigeradores, estufas, colchones, vajillas y ventiladores.
La secretaria reconoció el esfuerzo de los servidores de la nación y de instituciones como Protección Civil, Marina y Sedena, quienes trabajaron en condiciones adversas para levantar el censo y garantizar la atención a las familias afectadas.
Asimismo, Montiel destacó los avances en las asambleas del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), dirigidas a 20 mil 360 comunidades indígenas.
Hasta la fecha se han realizado seis mil 463 asambleas, en las que han participado más de medio millón de personas. La inversión total asciende a 12 mil 374 millones de pesos.
Estas asambleas permiten a las comunidades decidir de manera directa el destino de los recursos en proyectos prioritarios como agua potable, drenaje, electrificación, salud, educación y vivienda, bajo sus sistemas normativos internos. Para garantizar la transparencia, los recursos serán auditados por la Auditoría Superior de la Federación.
Finalmente, Montiel recordó que sigue vigente el trámite de la credencial del INAPAM para adultos mayores, que otorga diversos descuentos, y anunció que se trabaja para que, a futuro, este trámite esté vinculado automáticamente a la pensión universal para adultos mayores.
El programa de apoyos y el fortalecimiento de las comunidades indígenas forman parte del compromiso de la administración federal de impulsar un modelo de prosperidad compartida y de justicia social en todo el país.
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