La procuradora fiscal de la Federación, Grisel Galeano García, reveló que un importante grupo empresarial mantiene litigios fiscales por un monto acumulado de 74 mil millones de pesos, monto que se ha dejado de pagar al erario desde hace más de 16 años.
La funcionaria aseguró que este conglomerado ha recurrido a múltiples estrategias legales para retrasar indefinidamente el pago de impuestos, entre ellas juicios, amparos y recusaciones contra jueces y ministros.
Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, Galeano García detalló que el grupo mantiene 32 juicios activos, de los cuales tres se encuentran en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), cinco en tribunales colegiados y once en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
Además, enfrenta otros 13 litigios ante instancias del Servicio de Administración Tributaria (SAT).
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Según el informe, el grupo empresarial ha utilizado todos los recursos legales posibles para aplazar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales desde el año 2008, fecha en la que se generó la primera omisión detectada.
El SAT concluyó las auditorías en 2016, determinando la existencia de adeudos significativos, sin que hasta ahora se haya logrado el pago correspondiente.
La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que detrás de las críticas al proceso de elección popular de jueces y ministros, promovido por su administración, se encuentran precisamente los intereses de este y otros grupos que, afirmó, "buscan mantener sus privilegios y evitar el pago de impuestos".
Sheinbaum acusó que parte de la resistencia a la reforma judicial proviene de sectores empresariales y mediáticos que "se beneficiaron durante años de relaciones de complicidad con miembros del Poder Judicial", lo que permitió, según dijo, que estos juicios se prolongaran sin resolución.
“Este grupo empresarial tiene vínculos con quienes retardaban o manipulaban las decisiones judiciales.
Por eso tanto enojo y crítica contra la reforma”, afirmó la mandataria. Además, aseguró que los nuevos ministros y ministras, elegidos por voto popular, deberán garantizar que la justicia sea "para todos y todas", sin distinción ni privilegios.
Finalmente, la Procuraduría Fiscal reiteró su compromiso de seguir los procesos legales para recuperar los recursos que pertenecen al pueblo de México y de transparentar el trasfondo de los litigios que hoy marcan el debate judicial.
IO
