La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, se pronunció sobre la reciente adquisición de nueve camionetas blindadas por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y aseguró que esta decisión permitió un ahorro superior a mil millones de pesos para las finanzas públicas, en comparación con el esquema anterior de arrendamiento vehicular.
Durante la Mañanera del Pueblo, realizada en Veracruz, la mandataria explicó que existía un contrato de renta de vehículos que fue modificado por la compra directa de las unidades, lo que redujo de manera significativa el costo total del servicio.
Sheinbaum explica el origen del ahorro en la compra de vehículos
Sheinbaum detalló que el ajuste en el contrato permitió sustituir la renta por la adquisición de los vehículos blindados, una medida que, de acuerdo con la información disponible, generó un ahorro acumulado de más de mil millones de pesos.
En ese sentido, señaló que se trata de una decisión administrativa que corresponde explicar y transparentar a la propia Suprema Corte.
La presidenta también informó que la Secretaría de Gobernación solicitó un reporte al área administrativa del máximo tribunal, con el objetivo de contar con información precisa sobre el proceso de compra y sus implicaciones presupuestales.
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Transparencia y responsabilidades de la Suprema Corte
Al ser cuestionada sobre si la adquisición de camionetas blindadas obedece a un problema específico de seguridad que enfrenten los ministros, Sheinbaum evitó emitir una valoración directa y subrayó que es la SCJN la instancia responsable de aclarar los motivos y alcances de la decisión.
“La información debe transparentarla el órgano administrativo de la Corte”, puntualizó, al insistir en que la rendición de cuentas corresponde a la institución que realizó la compra.
La postura oficial de la SCJN sobre las camionetas blindadas
Tras la polémica generada, la Suprema Corte difundió un comunicado en el que explicó que la adquisición de los vehículos tiene como objetivo garantizar condiciones adecuadas de seguridad y proteger la integridad personal de quienes desempeñan funciones de alta responsabilidad institucional.
La compra de las camionetas blindadas se da en un contexto de debate público sobre el uso de recursos en el Poder Judicial y ha reactivado la discusión sobre los esquemas de austeridad, seguridad y transparencia en los órganos autónomos del Estado.
Mientras tanto, el Gobierno federal reiteró que no intervendrá en decisiones internas de la Corte, aunque sí mantendrá su postura a favor de la claridad en el uso de recursos públicos y el acceso a la información para la ciudadanía.
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