Un juzgado federal en México ordenó al Ejército entregar la totalidad de los documentos de inteligencia generados en 2014 relacionados con la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa.
La resolución judicial busca garantizar el acceso a información clave para esclarecer uno de los casos más emblemáticos de violaciones a derechos humanos en el país.
De acuerdo con organizaciones civiles que acompañan a las familias de los estudiantes, el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México resolvió el juicio de amparo 1350/2023 el pasado 19 de febrero de 2026, determinando que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) debe proporcionar los informes elaborados por el Centro Regional de Fusión de Inteligencia (CFRI) con sede en Iguala, Guerrero, así como por otras áreas de inteligencia militar.
Juez ordena entregar informes de inteligencia del Ejército sobre Ayotzinapa
La sentencia establece que el Ejército deberá entregar todos los reportes generados en 2014 por el CFRI “Centro”, unidad encargada de recopilar información de inteligencia en la región donde ocurrieron los hechos.
El juez concluyó que existe una brecha de aproximadamente 853 folios de documentos que no han sido entregados, lo que impide conocer el contenido completo de los reportes elaborados por las autoridades militares durante ese periodo.
Según la resolución judicial, la ausencia de dichos documentos no demuestra que la información no exista, sino que podría indicar que se encuentra en poder de las autoridades castrenses y debe ser entregada para contribuir a la investigación.
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Familias de los normalistas promovieron el amparo
El proceso judicial fue impulsado por madres y padres de los 43 estudiantes desaparecidos, quienes presentaron la demanda en agosto de 2023.
Las familias señalaron que la Secretaría de la Defensa Nacional no entregó la totalidad de los reportes de inteligencia producidos en 2014, lo que podría representar un incumplimiento del decreto presidencial emitido en 2018 que ordena a todas las dependencias federales colaborar con el esclarecimiento del caso.
De acuerdo con los familiares, la existencia de estos documentos fue confirmada en el sexto informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), el cual tuvo acceso a comunicaciones internas del Ejército relacionadas con el seguimiento de los estudiantes antes, durante y después de los hechos ocurridos en Iguala los días 26 y 27 de septiembre de 2014.
Información no puede clasificarse como secreta
El fallo judicial reconoce el derecho de las familias a conocer la verdad sobre lo ocurrido con los estudiantes y señala que los documentos no pueden ser clasificados como información reservada o confidencial.
La resolución también se produce en un contexto en el que organizaciones internacionales, incluida la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), han advertido que el avance de la investigación se ha visto afectado por la falta de entrega de información por parte de instituciones militares.
Cabe recordar que en septiembre de 2023, un tribunal colegiado ya había ordenado al Ejército abstenerse de destruir, ocultar o depurar cualquier información vinculada con el caso Ayotzinapa.
A más de once años de la desaparición de los 43 estudiantes, el caso continúa sin resolverse. Las familias mantienen acciones legales tanto en México como en instancias internacionales con el objetivo de obtener acceso completo a los documentos que podrían ayudar a esclarecer el paradero de los normalistas.
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