La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, presentó este jueves un comunicado oficial del Gobierno federal respecto a las órdenes de extradición y acusaciones difundidas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya y nueve funcionarios más de alto nivel de la misma entidad.
Durante su conferencia matutina desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional, la mandataria leyó el posicionamiento dirigido “al pueblo de México”, en el que se detallan los pasos institucionales que se han seguido tras recibir las solicitudes formales.
¿Qué dice el comunicado de Sheinbaum sobre las extradiciones?
En el documento, el gobierno federal explica que el 28 de abril por la noche la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) recibió 10 solicitudes de detención provisional con fines de extradición. Al día siguiente, estas fueron remitidas a la Fiscalía General de la República (FGR), conforme al marco legal vigente en México.
Asimismo, se señala que el 29 de abril, autoridades estadounidenses hicieron públicas las acusaciones, lo que derivó en un extrañamiento formal por parte de la SRE, al considerar que este tipo de procedimientos deben mantenerse bajo confidencialidad, según lo establecen los tratados internacionales.
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Comunicado
Al pueblo de México:
El 28 de abril por la noche la Secretaría de Relaciones Exteriores recibió 10 documentos solicitando la detención provisional con fines de extradición para 10 ciudadanos mexicanos. El 29 de abril la misma secretaría de acuerdo con el marco normativo vigente turnó la información recibida a la Fiscalía General de la República, para la evaluación de dicha solicitudes conforme a la legislación mexicana.
El miércoles 29 de abril al mediodía el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América para el Distrito sur de Nueva York hizo público el levantamiento de cargos contra 10 ciudadanos mexicanos, entre los que se encuentra el gobernador en funciones de Sinaloa, el senador por Sinaloa y el alcalde de Culiacán.
Anexo a esta acusación publicó un documento denominado en español "Acusación de reemplazo bajo reserva", esto lleva un extrañamiento del jurídico de Relaciones Exteriores, dado que estos procesos son confidenciales acorde con los tratados en la materia.
Ayer por la tarde la Fiscalía General de la República emitió un comunicado en el que establece lo siguiente: con fundamento en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Código Nacional de Procedimientos Penales y las leyes aplicadas en la materia, es obligación de la fiscalía a través de la Fiscalía Especial para Asuntos Internacionales, analizar la documentación recibida con la finalidad de establecer con toda exactitud si existen los elementos probatorios necesarios.
Para tal fin y en su caso sobre la viabilidad de la solicitud, de manera paralela la Fiscalía General de la República señaló que iniciará una investigación para llegarse de toda la información necesaria, para conocer si existen datos de prueba que establezcan eventualidad de que la acusación hecha por las autoridades estadounidenses cuente con el fundamento legal para solicitar órdenes de aprehensión.
La propia Fiscalía General de la República estableció que la legislación mexicana señala claramente que para solicitar a la autoridad judicial una orden de aprehensión se requiere presentar datos de prueba, que infieran la posibilidad de que alguna persona ha cometido un delito.
Desde que asumí la presidencia de México, juré a hacer respetar la Constitución y las leyes. Asímismo, asumí el firme compromiso de velar por el bienestar del pueblo y la defensa de la soberanía nacional.
México es un país grandioso con un pueblo generoso y trabajador. México establece una relación de iguales con todas las naciones, nunca de subordinación y menos de entreguismo. Como Presidenta de la República mi posición ante estos hechos es: verdad, justicia y defensa de la soberanía.
Es decir, si la Fiscalía General de la República que es la autoridad competente recibe pruebas contundentes e irrefutables, conforme a la legislación mexicana o en su propio investigación encuentra elementos constitutivos de un delito, deberá proceder conforme a derecho bajo nuestra jurisdicción.
Lo he dicho siempre de forma clara y hemos actuado en consecuencia, nosotros no vamos a cubrir a nadie que haya cometido un delito, sin embargo, si no existen pruebas claras, es evidente que el objetivo de estas imputaciones por parte del Departamento de Justicia, es político.
Debe quedar sumamente claro, bajo ningún motivo vamos a permitir la intromisión o injerencia de un gobierno extranjero en las decisiones que le competen exclusivamente al pueblo de México.
Verdad, justicia y defensa de la soberanía.
¿Qué mensaje envía México a Estados Unidos?
El posicionamiento concluye con una advertencia clara: el gobierno mexicano no permitirá la intromisión de autoridades extranjeras en decisiones que competen exclusivamente al país.
Con este mensaje, la presidenta fijó una postura firme en uno de los temas más delicados de la agenda bilateral, dejando claro que cualquier acción se llevará a cabo bajo la ley mexicana y con pleno respeto a la soberanía.
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