La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York reveló una acusación de alto impacto contra una red de funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa, entre ellos el gobernador Rubén Rocha Moya, a quienes señala por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa en delitos de tráfico de drogas y armas.
El documento judicial destaca que no se trata de operadores de bajo nivel, sino de perfiles clave dentro de la estructura política y de seguridad del estado, lo que eleva la gravedad del caso y sus posibles implicaciones institucionales.
¿Qué cargos ocupan los funcionarios acusados por EU?
Entre los señalados se encuentran figuras con posiciones estratégicas en el gobierno estatal y municipal, así como en corporaciones de seguridad. La lista la componen:
- Rubén Rocha Moya, actual gobernador de Sinaloa
- Enrique Inzunza Cázarez, senador por Morena
- Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas del estado
- Dámaso Castro Zaavedra, vicefiscal general de Sinaloa
- Marco Antonio Almanza Avilés, exdirector de la Policía de Investigación estatal
- Alberto Jorge Contreras Núñez, “Cholo”, titular de la Comisaría General de la Policía de Investigación
- Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad estatal
- José Antonio Dionisio Hipólito, “Tornado”, exsubdirector de la Policía Estatal
- Juan de Dios Gámez Mendívil, alcalde de Culiacán
- Juan Valenzuela Millán, “Juanito”, comandante de la Policía Municipal de Culiacán
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La Fiscalía subraya que varios de estos perfiles estaban directamente vinculados con tareas de seguridad, procuración de justicia o administración pública, lo que habría facilitado el acceso a información sensible y el control territorial.
¿De qué los acusa la Fiscalía de Nueva York?
Las autoridades estadounidenses sostienen que los implicados habrían colaborado con la organización criminal para permitir el trasiego de drogas hacia Estados Unidos, así como para proteger sus operaciones dentro de México.
Entre los señalamientos se incluyen presuntos actos de corrupción, recepción de sobornos y uso indebido de sus cargos para beneficiar al grupo delictivo, particularmente a la facción conocida como “Los Chapitos”.
¿Qué implicaciones tiene este caso?
El caso pone en el centro del debate la posible infiltración del crimen organizado en estructuras gubernamentales locales. Al tratarse de funcionarios de alto nivel, las acusaciones podrían tener repercusiones políticas, legales e incluso diplomáticas.
Hasta ahora, las autoridades han reiterado que se trata de acusaciones que deberán ser probadas en tribunales, por lo que los señalados mantienen la presunción de inocencia.
El desarrollo de este caso será clave para entender el alcance de las investigaciones internacionales contra redes de narcotráfico y su posible conexión con estructuras de poder en México.
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