Doña Carlota, mujer de 74 años acusada de doble homicidio tras un conflicto por la invasión de su propiedad en el Estado de México, dejó el Penal de Chalco para continuar su proceso bajo arresto domiciliario.
La salida se concretó alrededor de las 13:45 horas, luego de que un juez autorizara el cambio de medida cautelar tras la revisión de un amparo promovido por su defensa.
La decisión judicial se sustentó en factores como su edad avanzada y las enfermedades crónicas que padece, entre ellas diabetes e hipertensión, lo que llevó a modificar la prisión preventiva justificada que enfrentaba desde el año pasado.
Juez autoriza prisión domiciliaria por salud y edad
El cambio en la medida cautelar fue resultado de un análisis legal realizado durante marzo, en el que se determinó que Doña Carlota podía continuar su proceso desde su domicilio.
De acuerdo con autoridades penitenciarias, el traslado fue programado y ejecutado bajo supervisión, cumpliendo con los protocolos establecidos.
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Aunque abandonó el reclusorio, el proceso penal en su contra sigue vigente, por lo que deberá responder ante la justicia en las siguientes etapas del caso.
Medidas estrictas para su permanencia en casa
Como parte de las condiciones impuestas por el juez, la imputada deberá cumplir con diversas restricciones. Entre ellas se incluye el pago de una garantía económica de 250 mil pesos y el uso obligatorio de un brazalete electrónico para monitorear su ubicación.
Además, tiene prohibido salir del país o tramitar documentos oficiales como pasaporte o visa. También deberá presentarse periódicamente ante las autoridades judiciales para dar seguimiento a su situación legal.
Caso sigue bajo investigación
El caso de Doña Carlota generó atención pública desde que se dio a conocer el enfrentamiento que derivó en la muerte de dos personas, presuntamente vinculadas a la invasión de su propiedad.
Ahora, con el cambio de medida cautelar, el proceso continuará desde su domicilio, mientras las autoridades avanzan en la investigación para determinar responsabilidades.
La resolución abre nuevamente el debate sobre la aplicación de medidas alternativas a la prisión preventiva en casos donde influyen factores de salud y edad.
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