La Fiscalía General del Estado de Michoacán confirmó el asesinato del ambientalista Lázaro Mendoza, originario de la comunidad de Paramuén, en el municipio de Salvador Escalante, Michoacán, luego de que se comprobara que los restos calcinados hallados en la localidad de Cungo corresponden a él.
Confirman identidad tras prueba de ADN
De acuerdo con el fiscal estatal, Carlos Torres Piña, los análisis genéticos realizados a los restos localizados en un vehículo incendiado arrojaron una coincidencia total con el perfil de Lázaro Mendoza.
El funcionario detalló que previamente se había informado a la familia sobre un avance significativo en la identificación, pero fue hasta este sábado cuando se confirmó al 100 por ciento la identidad. Tras ello, se procedió a la notificación oficial y a la entrega del cuerpo.
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Desaparición y búsqueda comunitaria
Lázaro Mendoza fue visto por última vez el martes 14 de abril, cuando salió a trabajar a una huerta en la región. Antes de desaparecer, realizó un reporte para el medio comunitario Fragua Radio en la localidad de El Querendal.
Horas después, su familia perdió contacto con él, lo que derivó en su reporte como desaparecido. Habitantes de Paramuén organizaron brigadas de búsqueda y realizaron bloqueos carreteros en la autopista Siglo XXI para exigir la intervención de las autoridades.
Avances en la investigación
En el sitio donde fue localizado el vehículo calcinado, autoridades encontraron indicios relevantes para la investigación, entre ellos objetos personales del ambientalista, rastros hemáticos y casquillos percutidos.
Hasta el momento, la Fiscalía no ha informado sobre amenazas previas en contra de la víctima, ni sobre personas detenidas por estos hechos.
Escalada de violencia contra ambientalistas
El asesinato de Lázaro Mendoza ocurre días después del homicidio de otro defensor ambiental en Michoacán, lo que ha generado preocupación en comunidades de la región.
Ante este contexto, autoridades estatales y federales analizan la instalación de una base de operaciones interinstitucional en zonas con mayor incidencia de agresiones, como parte de una estrategia para reforzar la seguridad.
Organizaciones locales han exigido medidas urgentes para proteger a quienes participan en la defensa del medio ambiente, en medio de un escenario de violencia que continúa bajo investigación.
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