Durante mucho tiempo, el consumo de drogas fue tratado como un asunto aislado, escondido o ajeno. Un fenómeno que “ocurría en otros estados”, en otros contextos sociales o únicamente en entornos de delincuencia. Sin embargo, el problema dejó de ser invisible hace tiempo. Lo verdaderamente preocupante es que todavía continúa siendo un tabú.
La reciente publicación europea que reporta más de 7 mil 600 muertes por sobredosis en distintos países no debe verse como una tragedia lejana ni exclusiva de otras regiones del mundo. La expansión del consumo de drogas sintéticas, cannabinoides alterados y opioides cada vez más agresivos representa una advertencia global que también alcanza a México y, por supuesto, a Yucatán.
Nuestro estado no está exento. La expansión del consumo ya no distingue entre niveles económicos, zonas urbanas o perfiles familiares. Hoy el riesgo alcanza escuelas, espacios digitales, reuniones sociales y entornos cotidianos donde muchas veces el consumo comienza disfrazado de curiosidad, presión social o aparente normalidad.
Yucatán fue visto como un territorio relativamente distante de los grandes fenómenos de consumo y violencia asociados a las drogas. Sin embargo, la realidad social actual obliga a abandonar cualquier falsa sensación de inmunidad. El incremento de conductas adictivas, la normalización del consumo entre jóvenes, la difusión de sustancias a través de redes sociales y la pérdida progresiva de supervisión familiar muestran que el problema ya no pertenece únicamente a las grandes ciudades del país. Hoy el mayor riesgo quizá no sea únicamente la droga en sí, sino la indiferencia social frente al deterioro formativo de niñas, niños y adolescentes.
La crisis del consumo no comienza en la calle; inicia mucho antes: en la ausencia de comunicación familiar, en la falta de límites, en la renuncia gradual a la formación emocional y ética de los hijos, en la normalización del abandono digital y en la pérdida del acompañamiento cotidiano.
El principio del interés superior de la niñez, reconocido por la Constitución, los tratados internacionales y la legislación mexicana, no es solamente una declaración jurídica abstracta. Implica una obligación concreta de prevención, protección y formación integral.
Ese principio obliga primero a la familia, como núcleo primario de desarrollo humano, pero también compromete al Estado a garantizar condiciones reales para un sano desarrollo físico, mental, emocional y social.
No basta con perseguir delitos o fortalecer corporaciones policiales cuando el deterioro humano ya ocurrió. La verdadera prevención comienza mucho antes de la carpeta de investigación, mucho antes del centro de rehabilitación y mucho antes del sistema de justicia penal. Comienza en el hogar.
La formación integral implica presencia, escucha, supervisión, disciplina, afecto y construcción de identidad. Implica también enseñar a resistir la presión social, fortalecer la autoestima y formar criterios para distinguir entre libertad y autodestrucción.
El problema contemporáneo es que muchas familias han sido desplazadas silenciosamente por otros agentes de influencia: algoritmos, redes sociales, contenidos digitales y dinámicas de consumo que moldean conductas sin filtros éticos ni supervisión emocional. La niñez y la adolescencia viven hoy expuestas a una intensidad de estímulos que generaciones anteriores jamás enfrentaron. Por ello, la responsabilidad social y gubernamental debe evolucionar con la misma rapidez.
El Estado no puede limitarse a reaccionar cuando aparece el delito o la adicción consolidada. Debe fortalecer políticas preventivas permanentes: salud mental, educación emocional, recuperación de espacios públicos, deporte, cultura, atención temprana, acompañamiento familiar y programas reales de prevención de adicciones. Pero tampoco puede sustituir a la familia. Ninguna institución pública puede reemplazar completamente la presencia de padres atentos, hogares funcionales y vínculos afectivos sólidos.
En Yucatán todavía existe una enorme oportunidad de actuar antes de que la crisis alcance dimensiones mayores. La seguridad social no depende únicamente de patrullas o sanciones penales; depende también de la capacidad colectiva para formar generaciones emocionalmente estables, conscientes de sus límites y acompañadas por adultos responsables.
Porque mientras sigamos discutiendo narcotráfico, decomisos y detenciones, la batalla más importante sigue ocurriendo dentro de los hogares. Ninguna política pública podrá sustituir la presencia de una familia que escucha, orienta, supervisa y forma. El interés superior de la niñez comienza mucho antes del tribunal: comienza en casa.
