CUENTAN QUE DESDE la dirigencia nacional de Morena comienza a agotarse la paciencia con el desempeño de Carlos Bojórquez Urzaiz al frente del partido en Yucatán. En los corrillos internos aseguran que habría sido el único dirigente estatal que no suscribió el desplegado de respaldo al partido en Coahuila, una ausencia que, lejos de pasar inadvertida, habría encendido focos rojos en la cúpula.
Como si hiciera falta otro tropiezo, hace unos días protagonizó un desliz que rápidamente se volvió viral al referirse, por equivocación, a Andrés Manuel López Obrador como “el peor presidente de la historia”. Algunos lo atribuyen a un lapsus; otros creen que el problema no fue la frase, sino que se suma a una larga cadena de errores políticos y de comunicación que han ido desgastando su liderazgo.
Por ello, cada vez cobra más fuerza la versión de que en la dirigencia nacional ya analizan seriamente un relevo en la presidencia estatal. Porque en Morena, como en cualquier partido, los errores aislados suelen perdonarse; los errores recurrentes terminan pasándose a la factura política.
QUIEN PARECE HABER cerrado la puerta a una eventual candidatura por la alcaldía de Mérida es el director de la Conade, Rommel Pacheco. Según asistentes a una reunión privada, cuando fue consultado sobre esa posibilidad respondió que no tiene interés en competir por ese cargo.
Las mismas versiones señalan que únicamente aceptaría participar si existiera una petición directa de la presidenta Claudia Sheinbaum, un escenario que incluso dentro de Morena consideran poco probable.
La respuesta provocó molestia entre quienes durante meses alimentaron la expectativa de que Pacheco construiría una candidatura propia. Ahora, dentro de esos mismos círculos, comienza a tomar fuerza otra lectura: que el amago de competir pudo haber servido más como instrumento de negociación interna que como una intención real de buscar la alcaldía.
Si esa era la apuesta, el margen de maniobra parece haberse reducido considerablemente. En política, cuando un farol es descubierto, la siguiente jugada pierde buena parte de su efecto.
NOS COMENTAN QUE la poca capacidad del equipo jurídico del PAN volvió a quedar en evidencia. Ante la urgencia de construir un golpe mediático contra el sistema de transporte Va y Ven, la acción de inconstitucionalidad presentada por el dirigente estatal, Álvaro Cetina Puerto, habría necesitado mucho más que entusiasmo político.
Según cuentan, el documento llevó el visto bueno —y el “arrastre de lápiz”— del magistrado federal Michel Wabi Dorbecker, amigo de la infancia del dirigente panista. La versión que circula entre quienes conocen esa relación es todavía más delicada: afirman que, desde la reforma judicial, el hoy magistrado habría sido parte de los acuerdos políticos impulsados por el PAN para convertirlo en una pieza estratégica dentro del Poder Judicial Federal y, de paso, en asesor externo del partido.
De confirmarse esas versiones, la oposición no sólo exhibiría la fragilidad de su estructura jurídica, sino también una preocupante dependencia de operadores externos para sostener sus principales litigios políticos. Paradójicamente, quienes más cuestionan la politización de la justicia terminan recurriendo a ella cuando les conviene.
EN DÍAS PASADOS quedó definido quién encabezará la Unidad de Vigilancia y Evaluación de la Auditoría Superior del Estado, luego de la salida anticipada de Roberto Ricardo Tamayo Ramírez. El nombramiento de María Isabel Barroso Pino pasó casi inadvertido... hasta que comenzaron a aparecer las señales políticas.
Llamó la atención que una de las primeras en celebrar públicamente su llegada fuera la diputada panista Itzel Falla Uribe. Oficialmente, el argumento fue que ambas son originarias de Motul y mantienen una relación de amistad desde hace años. Sin embargo, en política las coincidencias rara vez son inocentes.
Lo que pocos dicen es que Itzel Falla aspira a la candidatura del PAN por la alcaldía de Motul, impulsada por Roger Torres Peniche. Por ello, más de uno interpreta esa cercanía como una futura herramienta de presión contra el alcalde Lucio Estrella Canul, quien buscaría la reelección.
La sospecha que ya circula es que la Unidad de Vigilancia podría convertirse en un instrumento para obtener información fi nanciera del Ayuntamiento y utilizarla como munición política. Cuando las instituciones empiezan a verse como trincheras partidistas, la fiscalización deja de ser un mecanismo de rendición de cuentas para convertirse en un arma de desgaste.
R E T O M A N D O EL TEMA de Roberto Ricardo Tamayo Ramírez, su salida de la Unidad de Vigilancia abrió una intensa competencia por acomodarlo dentro de la estructura gubernamental.
Cuentan que el ex panista Salvador Vitelli Macías, hoy director del Instituto Yucateco del Emprendedor, movió infl uencias para conseguirle un espacio dentro del Gobierno del Estado. Todo parecía encaminado... hasta que una publicación en redes sociales cambió completamente el escenario.
En la imagen aparecía Tamayo Ramírez incorporándose a la Contraloría Municipal del Ayuntamiento de Mérida, presuntamente recomendado por el auditor superior del Estado, Rubén Arjona Ortiz, quien durante años habría sido uno de sus principales respaldos políticos.
Nos aseguran que la molestia de Vitelli fue inmediata. Tanto, que buscó al presidente del Congreso, Wilmer Monforte Braga, para revisar el historial administrativo de Tamayo y explorar posibles responsabilidades derivadas de su gestión.
Más allá del enojo personal, el episodio retrata con crudeza la lógica que domina buena parte de la política local: los cargos públicos siguen negociándose como cuotas de poder y favores personales. Lo de menos parece ser la capacidad técnica; lo importante continúa siendo quién recomienda, quién apadrina y quién termina cobrando la factura política.
Todo es Personal en tiempos políticos y mundialistas.
