El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella (ADLE), ha manifestado desde el inició de su campaña a la presidencia quiénes serían sus modelos a seguir: en primer lugar, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. de quien está dispuesto a soportar humillaciones como la de decir que alcanzó la presidencia, desde el puesto 17 en que estaba, porque su intervención lo puso en el camino de ganador.
Y, desde luego, los angelitos guardianes Bernie Moreno (colombiano cuando le conviene) y Marco Rubio (quien, según The New York Times, influyó para que un influenciador contradictor de ADLE, que estaba en Estados Unidos en vías de obtener el asilo político, fuera apresado, torturado y expulsado del país por atreverse a criticar al candidato colombiano).
Esto, el tutelaje que le brindan a De la Espriella, es solo para aplicación de la represión con violación de derechos que mal llaman mano dura. Pero ADLE tiene también otros presidentes a quienes brinda admiración rendida, empezando por el salvadoreño Nayin Bukele, de quien dice que aplicará su política de seguridad basada en la construcción de mega cárceles controladas mediante la negación de todos los derechos humanos de los ahí recluidos, política que en Colombia ha resultado fallida.
No me refiero solo al abandono inconcebible de todas las leyes que rigen para los centros de reclusión que se cometió en el gobierno de César Gaviria, diciendo que con ello se lograría la rendición de Pablo Escobar, el más grande capo del narcotráfico que hemos tenido en el país, que con terrorismo tenía arrodilladas a las autoridades civiles y militares. En este caso, en vez de dejar de trafi car y asesinar, siguió delinquiendo en la cárcel -que él mismo se había hecho construirdonde asesinó e hizo desaparece a sus enemigos ante las narices de sus captores, hasta cuando huyó y fi nalmente fue abatido.
Es tal vez el caso que más claramente retrata la inutilidad de una política supuestamente de sometimiento en la que el Estado hace todas las concesiones sin exigir correspondencia del beneficiario. Basado en el fracaso de que la sola represión armada y la aspersión aérea con glifosato sobre cultivos de coca demostrara ser ineficaz, en que muchos años de combate dieron como resultado un ejército desgastado y grupos armados fortalecidos, el expresidente Juan Manuel Santos (2010-2018) aplicó una política de paz que combinó lo que él denominó garrote y zanahoria: no suspendía los combates mientras negociaba. Así, con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) continuó los ataques, incluidos bombardeos, pero simultáneamente les ofrecía una amnistía si efectivamente entregaban las armas.
Se creó una justicia transicional para juzgarlos que se extendió también a militares que hubieran delinquido en el marco del conflicto armado, con un tribunal para impartirla, la Justicia Especial de Paz (JEP). Esa política de negociación en medio de los combates logró la desmovilización de por lo menos 13 mil guerrilleros y el desarme total de las FARC, aunque después surgieron disidencias que, a su vez, se subdividieron y ahora están comprendidas en la política de Paz Total que promulgó el aún presidente, Gustavo Petro.
Este formuló esa política, así llamada para buscar el desarme de todos los grupos armados irregulares pero tal vez el voluntarismo le ganó a su intención, que en esencia es buena, pero al parecer, y en eso hay consenso, ha habido exceso de zanahoria y casi nada de garrote. Hasta ahora, ya en las postrimerías de su Gobierno, cuando se acaba de desmovilizar un grupo armado de 100 integrantes en el Sur del país, pero el número de grupos ha aumentado y se han fortalecido. Hago esta exposición tan esquemática motivada por las manifestaciones de admiración que ha hecho el presidente electo Abelardo de la Espriella a la política de mega cárceles del presidente Nayib Bukele en El Salvador para combatir a las maras, que se habían vuelto un problema inmanejable en ese país.
Ha habido muchas denuncias por violación de derechos humanos de los recluidos en ellas, pero en mi modesta opinión hay un interrogante de cuya resolución depende la determinación de si esa política resulta eficaz en el largo plazo. Como los detenidos no lo están en prisión perpetua, lo cual sería insostenible para el mismo Estado ¿quienes después de ser liberados vuelvan a la vida civil estarán resocializados? Porque si no es así, el problema está solo aplazándose y deberá encararlo la Administración que reemplace al actual presidente. En Colombia está demostrado que las cárceles son escuelas del crimen y solo una política sostenida de resocialización puede complementar la
