Por Gabriel E. Manzanilla
CHETUMAL, 24 de octubre.- La XV Legislatura del Congreso del Estado rechazó ratificar la ampliación de la concesión de transporte público en ruta establecida en Cancún, misma que había sido aprobada por 12 exregidores del Ayuntamiento de Benito Juárez, quienes actuaron con autoritarismo y en cúmulo de ilegalidades, pasando incluso por encima del exalcalde Remberto Estrada Barba.
Con esto se revierte el ilegal actuar de los exregidores benitojuarenses Erika Castillo, Blanca Pech, Reyna Durán, Isidro Santamaría, Gregorio Sánchez, Karla Sánchez, Julián Florescano, Melitón Ortega, Martha Chan, Roger Nanguse y Berenice Sosa Osorio, quienes dirigidos por Antonio Meckler Aguilera, que está ligado a Julián Ricalde Magaña, se impusieron en aprobar la ampliación de la concesión por otros 10 años a las empresas: Autocar, Turicun, Maya Caribe y Bonfil para operar el transporte público en ruta establecida en Cancún.
En la sesión ordinaria número 19, a cargo del presidente de la mesa directiva Luis Ernesto Mis Balam, la XV Legislatura no ratificó y dejó sin efectos la ampliación de la concesión de transporte urbano en Cancún, lo que permitirá iniciar un nuevo procedimiento para determinar la calidad y permanencia de las actuales empresas de transporte, o si es necesario otorgar la concesión a otras que si cumplan los requisitos en beneficio de los habitantes y turistas.
Por unanimidad, el Congreso del Estado solicitó a la actual administración del Ayuntamiento de Benito Juárez, reconsidere un nuevo procedimiento para pronunciarse acerca de la prórroga de la concesión de transporte público urbano de dicho municipio, toda vez que a consideración de los legisladores, la documentación entregada por la administración municipal 2016-2018, que avaló dicha prórroga, no cumple con los elementos mínimos que permitan acreditar que se evalúa la calidad del transporte.
En la sesión ordinaria de este día, el Pleno de la XV Legislatura avaló con 17 votos a favor de los diputados presentes, el acuerdo por el que además se remite al Ayuntamiento de Benito Juárez 2018-2021, el acta de la 48 sesión ordinaria del Cabildo 2016-2018, de fecha 4 de septiembre de 2018, mediante la cual se otorgó la prórroga de la concesión de transporte público urbano municipal.
En tribuna, el diputado Fernando Zelaya Espinoza, presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, aseguró que el acuerdo aprobado permitirá al actual Ayuntamiento de Benito Juárez contar con una herramienta para reponer el procedimiento de análisis de la solicitud de prórroga y determinar su procedencia.
De lo contrario, se abriría una oportunidad para que el propio ayuntamiento emita una nueva convocatoria que permitiría incluso la apertura de nuevas rutas y nuevos sistemas de transporte, que podrían beneficiar a los usuarios del transporte público en dicha demarcación.
Además, algunos legisladores se pronunciaron a favor de que los benitojuarenses tengan un transporte de calidad que haga efectivo el descuento a los estudiantes, un transporte inclusivo que esté adaptado para las personas con discapacidad y que sea gratuito para los adultos mayores.
Es por ello, que ante la falta de consenso al interior del Cabildo y ante los notorios vicios en el procedimiento, la Legislatura tuvo que solicitar información, y hoy las comisiones encontraron elementos suficientes para que la nueva administración municipal pueda hacer una revisión del procedimiento de ampliación de la prórroga que solicitaron las empresas que prestan el servicio en la actualidad, tratándose de Autocar, Turicun, Maya Caribe y Bonfil, a las que se les había autorizado la extensión de la concesión a 10 años.
“Este acuerdo va a permitir que el ayuntamiento reconsidere otras condiciones con transparencia de cara a los ciudadanos; así como una evaluación real de la eficiencia, de la calidad del servicio que se presta. Estoy convencido que si se hace de esa manera, va a permitir que se pueda lanzar una nueva licitación y se pueda cumplir con las condiciones de la calidad”, agregó Zelaya Espinoza.
Como se recordará, la propuesta de los diputados Fernando Zelaya Espinoza, presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, Emiliano Ramos Hernández, presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta, y Ramón Javier Padilla Balam, presidente de la Comisión de Asuntos Municipales; el 12 de septiembre, el Pleno Legislativo solicitó al presidente municipal de Benito Juárez, remita el acta de la sesión de Cabildo donde se aprobó la renovación de la concesión de transporte público urbano en dicha demarcación, así como los dictámenes de la Comisión de Desarrollo Urbano y Transporte y de la Dirección de Transporte y Vialidad, a fin de allegarse de información necesaria sobre el procedimiento.
En la sesión ordinaria número 14 de fecha 10 de octubre de 2018, el Pleno dio lectura al oficio SG/3647/2018, de fecha 18 de septiembre de 2018, presentado por la Secretaría General del H. Ayuntamiento de Benito Juárez, mediante el cual remitieron el acta de Cabildo de la sesión ordinaria realizada el día 4 de septiembre del mismo año.
Dicha documentación fue revisada esta mañana por los integrantes de las comisiones de Asuntos Municipales y de Comunicaciones y Transportes, que presiden los diputados Ramón Javier Padilla Balam y Fernando Zelaya Espinoza, respectivamente.
De acuerdo con el análisis realizado, no se ha constatado un dictamen que haga necesaria la concesión por parte del ayuntamiento ante una supuesta necesidad del servicio. Por otra parte, ha sido del conocimiento de los miembros del municipio que la calificación de la eficiencia en la prestación del servicio no arroja una calificación alta y menos conforme, por el contrario, la califican por la unidad administrativa del municipio como normal, lo que no refleja siquiera una prestación eficiente.
A juicio de la Legislatura, no opera la aplicación exclusiva para el caso que se atiende en el artículo 190 de la Ley de los Municipios del Estado, pues la norma que contiene está supeditada a la regla general en el numeral 177 de la citada ley, consistente en que cuando la prórroga se solicite y exceda la administración municipal, ésta debe decidirse por la Legislatura, por la simple naturaleza de proteger a las administraciones a las que se les estaría dejando inoperantes para decidir el destino de la prestación del servicio.
Es de recordar que el pasado 4 de septiembre, un grupo de 12 regidores benitojuarenses pasaron por encima del entonces alcalde Remberto Estrada, y actuando con total autoritarismo y muchas irregularidades, se impusieron en aprobar la ampliación de la concesión por otros 10 años a las empresas: Autocar, Turicun, Maya Caribe y Bonfil para operar el transporte público en ruta establecida en Cancún.
Para ese momento, el regidor y presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano y Transporte, Noel Pinacho Santos, hizo ver que la decisión violentaba la Ley de los Municipios, y que ni siquiera el asunto pasó a dictamen de la comisión a su cargo.
Todo esto ocurrió en la 48ª sesión ordinaria de Cabildo, donde la entonces regidora Erika Castillo rechazó excusarse y votó a favor de la extensión de la concesión, a pesar que existía un claro conflicto de intereses debido a que tiene familiares en la empresa Maya Caribe.
Junto con ella votaron a favor: Blanca Pech, Reyna Durán, Isidro Santamaría, Gregorio Sánchez, Antonio Meckler, Karla Sánchez, Julián Florescano, Melitón Ortega, Martha Chan, Roger Nanguse y Berenice Sosa Osorio.
En contra votaron Remberto Estrada, Rubén Treviño, Noel Pinacho y Berenice Sosa. Ausente, según el secretario del ayuntamiento, Guillermo Brahms, “por asuntos inherentes a su comisión”, la regidora Berenice Polanco.
El exalcalde Remberto Estrada no dudó en combatir legalmente la aprobación, manteniendo su postura de condenar la decisión de una mayoría de los regidores al prorrogar la concesión del transporte urbano por 10 años, cuando las empresas han incumplido con la ley en los últimos años, y advirtió que buscará un recurso legal para revertir dicha situación, al tiempo que como administración le hicieron un exhorto al Congreso del Estado para que se revisase la situación antes de avalar lo que a todas luces es una situación que perjudica a la ciudadanía.
El exmunícipe fue claro al cuestionar la urgencia de quienes aprobaron la ampliación de la prórroga a las cuatro empresas por 10 años y lamentó que entre ello exista un verdadero conflicto de intereses por un miembro del cabildo, como es el caso de la regidora Erika Castillo, vinculada con la empresa Maya Caribe, que pertenece al Sindicato de Taxistas “Andrés Quintana Roo”, del cual tanto ella como sus familiares son miembros.
Otros temas abordados en la sesión legislativa
En la sesión ordinaria de este día se dieron lectura a dos iniciativas presentadas por la diputada Jenni Juárez Trujillo, presidenta de la Comisión de Desarrollo Humano y Poblacional, y por la diputada Eugenia Solís Salazar, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Legislatura.
La legisladora Juárez Trujillo propuso una iniciativa para decretar para todo el Estado de Quintana Roo, como “2019, Año Estatal de las Lenguas Indígenas”. Mientras que la diputada Solís Salazar propuso declarar el 2019 como el “Año del respeto a los Derechos Humanos”.
El Pleno del Congreso aprobó diversos acuerdos por los que la XV Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, informa a las cámaras del Congreso de la Unión y al Congreso de la Ciudad de México, sobre las acciones que ha emprendido para la armonización de leyes.
También se aprobaron diversos acuerdos por los que el Congreso de Quintana Roo, se adhiere a diversas proposiciones presentadas por otras legislaturas estatales.