Por María Luisa Vázquez
Los empresarios del transporte concesionado en Cancún –Autocar, Turicun, Maya Caribe y Bonfil– mueven todo lo que está a su alcance para hacer válida la sesión de Cabildo, de septiembre pasado, cuando la mayoría de regidores del gobierno de Remberto Estrada les aprobó la ampliación de concesión por otros 10 años.
Sin embargo, hace un par de semanas el Congreso del Estado rechazó avalar la ampliación de la concesión, y pidió al Cabildo que reponga todo el procedimiento. Esto es, se anularía la mencionada sesión de Cabildo, y se volvería a someter a aprobación del nuevo Cabildo.
La semana pasada, los transportistas estuvieron con la alcaldesa, Mara Lezama, a quien le hicieron llegar sus inquietudes, ya que en un par de meses vence su contrato de concesión por 10 años, y para entonces se tendrá que decidir si se les amplia el plazo o en qué condición legal seguirían operando, o no.
La alcaldesa dijo que ella sólo les ha pedido que mejoren las condiciones de sus servicios y que se modernicen en la prestación del mismo, desde incluir wifi y tener tarjetas digitalizadas para cobros, entre otros.
Asimismo, la Comisión de Transporte en el Cabildo, que preside Pablo Gutiérrez, junto con el director de Transporte, Eleazar Martínez no descartaron la posibilidad de que una prórroga de concesión sólo sea por otros seis meses, tiempo que permitiría al ayuntamiento diseñar una nueva política de movilidad en Cancún y aplicar criterios más estrictos en todo lo relativo al transporte público.
Eleazar Martínez dejó en claro que esta ciudad ya no aguanta “aspirinas” ya que es grave el problema de movilidad, y debe decidir para mediano y largo plazo y no sólo acciones de corto plazo.
Cabe señalar que a principios de enero, los transportistas hicieron llegar su solicitud de ampliación de concesión a la dirección de Transporte y Vialidad, y en septiembre pasado, en una polémica sesión de Cabildo, con el voto en contra del alcalde, Remberto Estrada y otros regidores –Noel Pinacho, Rubén Treviño y la síndico Karina Martínez- se aprobó ampliar la concesión, por mayoría de votos.
Sin embargo, en el Congreso del Estado dicha decisión ha sido rechazada y ahora el gobierno de Mara Lezama tiene la responsabilidad de emitir un nuevo dictamen.