Este año no se regularizará la colonia La Guadalupana de la isla, a pesar de estar cerca de cumplir 19 años desde su fundación. El litigio entre los presuntos propietarios que reclaman el predio de dos hectáreas y los ocupantes del inmueble sigue sin resolverse. A pesar de contar con servicios deficientes de agua y luz, se desconoce si en 2024 comenzará el proceso de municipalización en esta zona.
Gervasio Cajún, uno de los fundadores de la colonia, expresó su preocupación y dijo que “ya vamos a cumplir 20 años y no vemos un avance significativo en la regularización”. Otros residentes coinciden en la necesidad de que intervenga la Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo (Agepro).
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Presuntos trabajadores del predio afirman que el terreno les pertenece, ya que no fueron indemnizados por el propietario anterior. Sin embargo, los colonos sostienen que esta artimaña fue promovida por el exgobernador Roberto Borge Angulo para apoderarse del terreno, tal como lo hizo con muchas personas durante su mandato.
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Se solicita una investigación exhaustiva por parte del Gobierno Estatal actual para desmantelar esta operación fraudulenta, en la que podrían estar involucrados jueces y políticos del grupo del exjefe del ejecutivo, quien está detenido por presuntos actos de corrupción.
Hay un proceso legal pendiente en el Ministerio Público desde antes de la pandemia, promovido por los supuestos trabajadores, con el objetivo de desalojar a alrededor de 200 familias. Sin embargo, ahora desean “negociar” una solución al conflicto, ofreciendo pagar sumas que representarían entre 400 mil y 500 mil pesos, cuando con la intervención de Agepro no costaría más de 200 mil por lote.
“Nosotros no vamos a abandonar nuestras casas. El predio quedó en el limbo desde que falleció el dueño hace varias décadas. Un político intentó apropiárselo, y se dio la señal para ocuparlo”, declaró otro vecino, haciendo referencia a la invasión en la primavera de 2005, liderada por el ahora fallecido Gaspar Gómez Tur.
Desalojos
A lo largo de 18 años se han producido innumerables desalojos y varios predios han cambiado de dueño más de tres veces. Esto implica que, supuestamente, la dirección del movimiento revendía la misma propiedad a particulares con recursos económicos, pero también afectaba a familias de bajos recursos.
El caso más reciente involucra a Jesús Caamal Flores, quien tiene una discapacidad debido a un tumor cerebral. Él reclama la devolución de su lote y casa, que le fueron arrebatados en enero pasado por Jesús Daniel Juan Trejo, Manuel Chulim Chi y Sujey Nicteja Ovando Fuente, según consta en el expediente de la Fiscalía.
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HS
