La Fiscalía General del Estado (FGE) solicitó al Congreso local un presupuesto de 2 mil 500 millones de pesos para el 2026, lo que representa un aumento cercano al 60%, respecto a los mil 701 millones 996 mil ejercidos en el 2025.
La petición llega en medio de la desconfianza ciudadana y cuestionamientos de colectivos, académicos y abogados, por la baja eficacia en la persecución del delito y denuncias por negligencia institucional.
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Uno de los principales reclamos es la opacidad en el destino de los recursos: salarios y cuántos empleados integran la Fiscalía. Aunque la nómina suele representar el rubro más alto en dependencias de Seguridad y procuración de justicia, la FGE no ha divulgado información actualizada, lo que refuerza la percepción de falta de transparencia.
Sobre resultados, las críticas son directas: de la gran cantidad de delitos denunciados -como violaciones, homicidios dolosos, robos a viviendas, comercios, transeúntes y vehículos, violencia de género y extorsiones- sólo una mínima proporción llega a vinculación a proceso y aún menos se traduce en sentencia.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública y datos de incidencia delictiva de enero a octubre del 2025:
• Trata de personas: Quintana Roo ocupa el primer lugar nacional con 170 casos.
• Violencia sexual: Segunda posición, con 603 reportes.
• Violencia familiar: Tercer sitio en llamadas de emergencia, con 20 mil 292 registros.
• Homicidios dolosos: 236 entre enero y septiembre.
• Percepción de inseguridad: En Cancún y Chetumal ronda el 80%, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Informes legislativos y del Inegi (Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal 2024, con datos parciales del 2025) destacan deficiencias en la resolución de casos y poca inversión en infraestructura judicial.
Abogados alertan que la deficiente integración de carpetas de investigación facilita que detenidos recuperen su libertad por fallas procesales. Además, se cuestiona cuántos arrestados son realmente responsables, sobre todo en delitos de alto impacto. “Hay detenciones, pero sin investigaciones sólidas; eso no garantiza justicia”, explicó Araceli Durán, académica universitaria.
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Colectivos acusaron negligencia y lentitud en investigaciones de desaparición. “Tenemos que hacer el trabajo que le corresponde a la Fiscalía: buscar, investigar y presionar. Nosotras encontramos fosas, no la autoridad”, señaló una vocera de madres buscadoras. Defensoras de derechos humanos advirtieron sobre la revictimización y abandono institucional constante.
Pese a este escenario, el fiscal Raciel López Salazar justificó el aumento presupuestal, señalando que no se trata sólo de “tener más dinero”, sino de mejorar eficacia, profesionalización y resultados.
Prevén ampliar ministerios públicos, así como optimizar infraestructura, tecnología y equipamiento.
Fortalecerán áreas como la Fiscalía de Búsqueda de Personas Desaparecidas, Servicios Periciales y Policía de Investigación, además de renovar la flotilla vehicular, equipos informáticos y mobiliario.
