El Instituto Electoral de Quintana Roo (Ieqroo) informó que fue impugnada la candidatura de José de la Peña para ocupar una magistratura en el Tribunal Superior de Justicia, tras considerar que no cumple con los requisitos constitucionales. También fue ratificada la impugnación contra José Raúl Galán Muédano, quien participa en el mismo proceso extraordinario.
El consejero electoral Adrián Amílcar Sauri Manzanilla explicó que ambas impugnaciones señalan que los aspirantes no reúnen los requisitos establecidos para ocupar el cargo. Una de las demandas también alega que se vulneraron los principios rectores en materia electoral.
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“Ahora corresponde al Tribunal Electoral de Quintana Roo (Teqroo) analizar y resolver ambas impugnaciones”, precisó el consejero, quien añadió que las sentencias deberán emitirse antes del 1 de septiembre, fecha en la que los nuevos magistrados del Tribunal Superior de Justicia, del Tribunal de Disciplina Judicial y los jueces del Poder Judicial local deberán tomar protesta.
Mientras tanto, José de la Peña, actual jefe de la Oficina de la Gobernadora Mara Lezama, afirmó que entregará su cargo a más tardar el 30 de agosto, por lo que ya inició el proceso de entrega-recepción. Confió en que podrá asumir como magistrado del Tribunal Superior de Justicia a partir del 3 de septiembre.
Cabe señalar que en este proceso electoral extraordinario no se estableció como obligatorio que los servidores públicos renunciaran a sus cargos para poder postularse como personas juzgadoras del Poder Judicial.
Por otro lado, tras la impugnación presentada ante el Teqroo por la constancia de mayoría que recibió luego de resultar electo el pasado 1 de junio, De la Peña defendió la legitimidad del proceso y aseguró que se desarrolló en un marco democrático, pese a que sólo participó poco más del 13 por ciento del padrón electoral.
“El proceso fue democrático y abierto. Las personas que quisieron participar acudieron a las urnas, aunque algunos actores políticos intentaron desacreditar la jornada”, señaló. Agregó que “no se puede deslegitimar la voluntad ciudadana del 1 de junio”, en referencia a quienes cuestionaron la escasa participación.