La solicitud para que el Gobierno de Yucatán, encabezado por Joaquín Díaz Mena, pueda contratar financiamiento por hasta mil 562 millones de pesos avanzó ayer en el Congreso del Estado, pero quedó lejos de una aprobación inmediata. Diputados de oposición reclamaron mayor información, controles para vigilar el destino del dinero y claridad sobre las obras que serían financiadas, mientras legisladores de Morena coincidieron en que el dictamen debe revisarse a fondo antes de llevarlo al Pleno.
Durante la sesión de la Comisión Permanente de Presupuesto, Patrimonio Estatal y Municipal, el panista Roger Torres Peniche planteó incorporar una serie de candados al dictamen para garantizar el seguimiento y la correcta aplicación de los recursos.
Entre sus propuestas está establecer un tope a la tasa de interés con parámetros objetivos, condicionar cualquier refinanciamiento a la comprobación de un ahorro financiero neto y obligar al Ejecutivo a publicar, antes de cada contratación, información sobre la institución financiera seleccionada, tasa, sobretasa, plazo, comisiones, amortización y costo total.
También propuso que el Gobierno estatal entregue al Congreso informes trimestrales sobre el monto dispuesto, las obras contratadas, sus avances físico y financiero, los intereses pagados, el saldo pendiente y las participaciones comprometidas como garantía.
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Torres Peniche puso especial énfasis en la trazabilidad de los recursos, debido a que el financiamiento contempla la posibilidad de mezclar el dinero con fondos provenientes de otros programas. Por ello, propuso que cada proyecto cuente con una cuenta bancaria específica y que se prohíban transferencias entre los recursos destinados a agua, seguridad, vialidades y otras obras, salvo que cualquier modificación sea informada y autorizada por el Congreso.
El legislador panista también pidió fortalecer el comité de seguimiento contemplado en la propuesta y garantizar que exista representación plural de las fuerzas políticas, incluidas las distintas mayorías legislativas.
Exigen comité plural
En la misma sesión, el coordinador de Movimiento Ciudadano, Javier Osante Solís, respaldó la propuesta para que el comité de seguimiento incluya representantes de todas las fracciones legislativas, así como a dos integrantes de las organizaciones civiles que participaron en el proceso de consulta.
El emecista cuestionó además que la información solicitada por los diputados después de las comparecencias de funcionarios haya sido entregada hasta el domingo por la tarde, pese a que las presentaciones ya se encontraban elaboradas.
Advirtió que los legisladores requieren tiempo suficiente para revisar la documentación antes de emitir un voto sobre un financiamiento de esta magnitud.
Osante sostuvo que, con la información disponible, los proyectos planteados aún representan un catálogo de buenas intenciones, debido a que no se han presentado de manera completa los proyectos ejecutivos de las obras que se pretende financiar.
También cuestionó que los presupuestos estatales de 2025 y 2026 no contemplaran obras para modernizar el sistema de agua potable y criticó el incremento del gasto en comunicación social durante 2025.
La panista Itzel Falla coincidió en la necesidad de establecer con precisión los requisitos que deberá cumplir el Ejecutivo para acceder al financiamiento y señaló que la documentación recibida será analizada antes de fijar una posición.
También respaldó que el comité de seguimiento tenga una integración proporcional a la representación de las bancadas y no quede concentrado en una sola fuerza política.
Morena propone revisar sin trabas
Desde Morena, Alejandro Cuevas Mena defendió que el procedimiento se ha desarrollado de manera pública y reconoció que las exigencias de transparencia y fiscalización son válidas.
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Admitió que Yucatán enfrenta necesidades importantes en materia de agua, seguridad y movilidad, aunque puntualizó que el financiamiento por sí solo no resolverá todos esos problemas.
Cuevas consideró que tampoco deben establecerse restricciones que terminen dificultando la contratación del crédito y recordó que la Auditoría Superior del Estado será la instancia responsable de fiscalizar la aplicación de los recursos.
Respecto al comité de seguimiento, sostuvo que su integración debe ser representativa de las fuerzas políticas conforme a la votación obtenida.
Por su parte, el morenista Wilmer Monforte Marfil, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, propuso que la comisión se declare en receso para permitir que continúe llegando información y que las distintas fracciones cuenten con tiempo suficiente para analizarla.
Reconoció que hay una problemática de años en materia de agua y sostuvo que la decisión debe responder a esa necesidad, pero sin dejar de lado la revisión de la propuesta.
“Yo creo que en estos casos no vale el cálculo político. Aquí lo que tenemos que hacer es responderle a la gente y responder de esa necesidad”, afirmó.
Sin votación
La sesión concluyó sin que se votara la autorización del financiamiento, por lo que la discusión continuará abierta en la comisión.
Las bancadas buscan incorporar modificaciones al dictamen y obtener mayor información sobre las obras, el manejo de los recursos y las condiciones financieras del empréstito antes de definir su postura.
El documento analizado contempla además operaciones de refinanciamiento de la deuda pública hasta por 9 mil 267 millones 732 mil 161.84 pesos, así como la contratación de instrumentos derivados de cobertura y la modificación de la Ley de Ingresos del Estado de Yucatán para el Ejercicio Fiscal 2026.
