La iniciativa de reforma electoral impulsada a nivel federal volvió a sacudir el tablero político en Quintana Roo. Por segunda ocasión, dirigentes del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y del Partido del Trabajo (PT) en el estado rechazaron las propuestas para reducir diputaciones plurinominales y recortar el presupuesto público a los organismos, medidas que consideraron un riesgo para la representación política y la equidad en la contienda.
El líder estatal del PVEM, Renán Sánchez Tajonar, sostuvo que eliminar las “pluris” debilita la diversidad en los congresos.
“No se trata de privilegios, sino de garantizar que las minorías tengan voz. Una reforma de este calado debe construirse con consenso, no por imposición”, afirmó.
Noticia Destacada
Empresarios de Isla Mujeres exigen a Atenea Gómez retomar la “Mañanera Semanal” y rendir cuentas
Gerardo Rodríguez, del PT, subrayó que la reducción del financiamiento público abre la puerta a intereses privados y al dinero de origen opaco en las campañas.
Amalia Madrid, calificó la propuesta como un intento por concentrar el poder político en un sólo bloque.
José Luis Pech, dirigente de Movimiento Ciudadano y diputado local, advirtió que la reforma no fortalece la democracia, la vuelve más dependiente de acuerdos cupulares y menos del voto popular.
Reyna Tamayo, del Partido Acción Nacional (PAN), criticada por su cercanía con el oficialismo y la gobernadora Mara Lezama, amenazó que su partido analizará la iniciativa artículo por artículo, aunque reconoció que la reducción de recursos públicos puede afectar la competencia en estados donde la oposición ya es estructuralmente débil.
Luis Carlos Ugalde, exconsejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), explicó que una reforma constitucional requiere mayoría calificada y obliga a negociar con aliados.
“Morena no tiene los votos suficientes en el Congreso; el PVEM y el PT se vuelven actores clave y eso convierte cada punto de la iniciativa en moneda de cambio político”, señaló Ugalde.
Subrayó que desde el 2018, el dueño del PVEM, Jorge Emilio González mantiene una alianza con Morena y en el estado, ha impuesto no sólo candidatos a puestos de elección popular, sino también a funcionarios en los tres órdenes de Gobierno, principalmente en lugares claves, donde se manejan altas cantidades de recursos públicos.
Refirió que en medio de ese pulso, la reforma electoral dejó de ser sólo un debate técnico para convertirse en una pieza central de un acuerdo político más amplio, donde el poder local y nacional se disputan en la misma mesa.
Para la politóloga María Marván, el momento no es casual, “la discusión se cruza con el proceso interno para definir la candidatura a la gubernatura de Quintana Roo”, dijo y aseguró que la percepción de que las decisiones se toman en Ciudad de México y no en las urnas locales erosiona la confianza ciudadana.
No hay urgencia
“El sistema electoral actual ha permitido la alternancia y la llegada al poder del propio movimiento; no vemos urgente una reforma de esta naturaleza”, afirmó Hugo Alday Nieto, diputado local del PT.
Sostuvo que cualquier iniciativa de reforma constitucional requiere mayoría calificada, por lo que el partido resulta indispensable para alcanzar los votos necesarios, escenario que coloca al partido como actor clave en la discusión legislativa.
Criticó contundentemente la propuesta de reforma electoral que, según él, parece retroceder el país a 1976, antes de la modificación de Jesús Reyes Heroles que abrió la puerta a las minorías y a la izquierda.
Consideró que el debate debe centrarse en prioridades nacionales y no en cambios que, a su juicio, no representan una demanda social inmediata.
Noticia Destacada
Más de 60 mil yucatecos quedan fuera del padrón del INE tras no renovar credenciales vencidas
El costo de la “democracia”
Para el ejercicio fiscal 2026, el Instituto Electoral de Quintana Roo ha proyectado una bolsa de 72 millones 690 mil 127 pesos que se repartirá entre los partidos políticos.
Del presupuesto total, partidos locales, de reciente formación y aprobación, pero muy vinculados a Morena, como Redes Sociales Progresistas (RSP) y Movimiento Laborista recibirán 1.4 millones de pesos cada uno, aproximadamente.
En el proceso electoral pasado del 2024, esos dos partidos, bajo otros nombres no recibieron ni siquiera el 3% de la votación, que la ley exige para conservar el registro
Cuotas de representación
Para entender la magnitud del conflicto, POR ESTO! consultó a dos catedráticos. Marcela Ávila-Eggleton, de la Universidad de Quintana Roo, señaló que aunque el financiamiento público busca evitar la entrada de dinero ilícito, una reducción drástica sin mecanismos de control alternos podría concentrar el poder en el partido hegemónico.
No obstante, criticó que las cúpulas partidistas utilicen a los plurinominales no para representar minorías, sino como “cuotas de poder” para sus cuadros más cercanos.
Jorge Moreno, analista electoral, sostiene que la resistencia de los aliados (PVEM y PT) no es ideológica, sino de supervivencia.
Consideró que para estos partidos, los plurinominales y el presupuesto son sus únicas herramientas de negociación frente a Morena. Al eliminar estas figuras, el negocio de ser un partido bisagra en Quintana Roo dejaría de ser rentable.