A fin de recaudar más dinero para la caja chica gubernamental, el gobierno municipal de Playa del Carmen reestructuró la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), debido a que sus titulares no aceptaron multar a los automovilistas sin justificación alguna, según fuentes anónimas que, por temor a represalias, pidieron mantenerse en el anonimato.
Los elementos de la SSC de Playa del Carmen cambiaron las estrategias policiales no por gusto, sino por consigna desde arriba; las órdenes son precisas y deben cumplirse sin importar el daño económico a los ciudadanos, describió J.A.M.
El objetivo de la presidenta municipal, Estefanía Mercado, no es servir y proteger, pues la policía solo acude en casos de emergencia para simular que está trabajando. Pero, ¿por qué despidieron al entonces director de Tránsito Municipal, Arturo Pech Martínez?
J.A.M. señala que Pech Martínez fue removido porque no aceptó participar en el “juego sucio” que le pedían, el cual consistía en recaudar millones de pesos al mes.
Durante su estancia como titular de Tránsito, reveló que la suma era de 4 millones de pesos mensuales por multas, infracciones de acuerdo con el Reglamento de Tránsito, así como otras sanciones por accidentes viales.
Sin embargo, Arturo Pech se negó a recaudar 8 millones de pesos al mes, ya que consideró injusto afectar la economía de los ciudadanos por cualquier incidente o buscar pretextos para aplicar multas; como resultado, fue despedido.
El ciudadano M.P.B. comentó que ocurrió algo similar con el titular de la SSC. La gobernadora del estado de Quintana Roo dotó de una avioneta al gobierno de Playa del Carmen para reforzar la vigilancia; sin embargo, esto le costó el cargo al teniente Raúl Tassinari, ya que desde el inicio la presidenta municipal Estefanía Mercado rechazó la medida.
No obstante, ambos ciudadanos coincidieron en relatar que, a raíz de ello, el gobierno municipal realizó un montaje de estrategias de seguridad y anunció que con los cambios se reforzaría la vigilancia ciudadana, cuando al interior de la policía, aseguran se sabe que la meta es llenar la caja chica para las próximas campañas electorales, y que cada elemento policiaco está obligado a entregar un porcentaje de dinero, sin importar cómo o dónde conseguirlo.
De ahí surge la idea de cobrar a los ciudadanos por el uso de cristales polarizados, aunque esto contradice el Reglamento de Tránsito municipal. Por otro lado, aseguran que los fiscales tienen el encargo de extorsionar a pequeños comercios y ambulantes; incluso algunos pequeños hoteles ya están cediendo, aunque no lo denuncian por temor a represalias, concluyó M.P.B.
