Luego de que el Congreso del Estado aprobó el pasado 15 de abril del 2026, con 18 votos a favor, la reforma a la Ley de Asentamientos Humanos y Acciones Urbanísticas impulsada por la gobernadora Mara Lezama, conocida como la “Nueva Ley Casitas”, ciudadanos, partidos de oposición e investigadores expresaron su rechazo ante la falta de espacios dignos para vivir, además, aumenta el riesgo de deterioro social y provoca afectación emocional.
La modificación elimina los límites mínimos de superficie para viviendas de interés social, permitiendo a los desarrolladores construir casas sin un metraje garantizado.
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El diputado José Luis Pech denunció que esta reforma representa un retroceso histórico. Señaló que se borraron los conceptos de vivienda “digna y decorosa” de la Constitución local para sustituirlos por el término “adecuada”, lo que abre la puerta a la construcción de microcasas de menos de 45 metros cuadrados.
De acuerdo con datos del Instituto Nacional de la Vivienda (Invi) y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), Quintana Roo tiene un rezago habitacional de más de 38 mil viviendas, con un déficit que afecta principalmente a familias de bajos ingresos. En el 2025 se construyeron alrededor de 12 mil 500 viviendas de interés social, muchas de ellas con superficies reducidas.
Guadalupe Canché, vecina de la Supermanzana 97 en Cancún, comentó: “Yo vivo en una casa de 40 metros con mis tres hijos. Ya es difícil, imagínate que construyan todavía más pequeñas. No es justo que para los pobres hagan casitas tan chiquitas mientras los fraccionamientos de lujo tienen mansiones”.
Manuel Poot, habitante de Puerto Morelos, señaló: “La gente necesita casas dignas, con espacio para vivir, no cajas donde apenas quepamos. Esto parece que quieren hacernos más pobres de lo que ya estamos”.
La reforma generó críticas por parte de organizaciones sociales y legisladores de oposición, quienes consideran que prioriza la construcción masiva sobre la calidad de vida. Pech Varguez advirtió que la ley podría incentivar entornos de hacinamiento, con riesgos para la salud mental y el bienestar familiar, replicando problemas de inseguridad y colapso de servicios ya visibles en algunas zonas de Cancún y Playa del Carmen.
Mientras se facilita la reducción de estándares para vivienda social, propuestas para garantizar predios con servicios básicos y precios accesibles permanecen sin avance. Ciudadanos en redes sociales compartieron opiniones similares. “Con esta ley van a hacer casitas como jaulas. ¿Eso es progreso? Nosotros queremos casas donde nuestros hijos puedan crecer con dignidad”, expresó una ama de casa en un fraccionamiento del norte de la ciudad, quien prefirió omitir su nombre.
Otra vecina de la Región 236 comentó: “Trabajamos todo el día en hoteles y cuando llegamos a casa queremos espacio para descansar. Si siguen haciendo casas tan pequeñas, vamos a vivir peor que ahora”.
La aprobación de la “Nueva Ley Casitas” reabrió el debate sobre la política habitacional en Quintana Roo, un estado con alto rezago en vivienda digna y donde miles de familias, especialmente en zonas turísticas, enfrentan dificultades para acceder a espacios adecuados.
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Organizaciones civiles y habitantes de colonias populares manifestaron su inconformidad ante lo que consideran un retroceso en los estándares de habitabilidad.
Expertos consultados advirtieron sobre las consecuencias del hacinamiento. La doctora Leticia Pérez, psicóloga clínica especializada en salud mental comunitaria, con 18 años de experiencia en Quintana Roo, explicó: “Reducir el tamaño de las viviendas genera hacinamiento crónico que aumenta significativamente los conflictos familiares, la violencia doméstica y los problemas de salud mental. En espacios tan reducidos, la falta de privacidad afecta el desarrollo emocional de los niños y adolescentes, incrementando el estrés, la ansiedad y, en muchos casos, la deserción escolar”.
Por su parte, el doctor Manuel Castillo, investigador del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) y especialista en dinámicas urbanas y tejido social, señaló: “El hacinamiento deteriora el tejido social porque frena la convivencia sana, favorece la frustración acumulada y debilita los lazos familiares. Estudios en colonias de Cancún y Playa del Carmen muestran que en viviendas menores a 45 metros cuadrados se registra hasta un 40% más de reportes de violencia intrafamiliar y un mayor aislamiento social, especialmente entre jóvenes que terminan buscando espacios en la calle”.
Ambos especialistas coinciden en que, sin un acompañamiento integral que incluya servicios básicos, áreas comunes y programas de fortalecimiento familiar, estas microviviendas podrían replicar y agravar problemas ya existentes en zonas de alta densidad poblacional del estado.
