La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) comenzó un nuevo ciclo de inspecciones y censos en los centros penitenciarios de Quintana Roo para evaluar las condiciones de las personas privadas de la libertad, el estado de las instalaciones y los programas de reinserción social.
El personal de la CNDH ya se encuentra en el estado realizando el diagnóstico correspondiente a 2026, mientras aún se esperan los resultados definitivos de la evaluación 2025.
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Según el secretario de Seguridad Ciudadana, Julio César Gómez Torres, las cárceles quintanarroenses no figuran en la “lista negra” de centros reprobados a nivel nacional, y aseguró que se trabaja permanentemente en el fortalecimiento del sistema penitenciario.
Las revisiones incluyen aspectos como habitabilidad, higiene, alimentación, atención médica, servicios psicológicos, seguridad interna y programas de reinserción. También se realizan entrevistas confidenciales con internos y sus familias para detectar posibles violaciones a los derechos humanos.
Sin embargo, familiares de reclusos han expresado preocupación por las condiciones que enfrentan sus seres queridos. “Mi hijo lleva meses reportando problemas para recibir atención médica oportuna y la comida no siempre llega en buen estado. Esperamos que esta inspección sirva realmente para mejorar las cosas”, comentó una madre de familia que prefirió no dar su nombre.
En redes sociales y grupos locales de Chetumal, diversas publicaciones de familiares denuncian saturación en los centros, retrasos en traslados médicos y limitaciones en los programas de trabajo y estudio. Aunque las autoridades reconocen avances en dignificación de espacios y servicios básicos, admiten que persisten retos importantes relacionados con la capacidad instalada.
Gómez Torres señaló que en evaluaciones anteriores Quintana Roo obtuvo calificaciones cercanas a 6.5 y confió en superar el 7 este año. “Hemos avanzado en reinserción social y atención médica, pero hay que seguir trabajando todos los días”, indicó.
Las instalaciones penitenciarias del estado enfrentan presión constante debido al crecimiento de la población carcelaria, especialmente en Chetumal y Cancún. Familias de internos han manifestado que las visitas continúan siendo un momento complicado, con largas filas y revisiones exhaustivas que a veces generan tensión.
“Vamos cada semana y vemos que hay esfuerzo, pero también faltan más talleres productivos y mejor atención psicológica. Muchos salen sin herramientas reales para reintegrarse”, expresó un familiar en una publicación compartida en grupos de apoyo a personas privadas de la libertad.
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La CNDH evalúa el cumplimiento de estándares nacionales e internacionales a través del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria. Estos ejercicios son fundamentales porque inciden directamente en la reinserción social y en la prevención de reincidencia.
Autoridades estatales han destacado que se mantienen áreas disciplinarias conforme a la Ley Nacional de Ejecución Penal, aunque negaron la existencia de “calabozos de castigo” o actos de tortura, atribuyendo algunas quejas a inconformidades por la eliminación de privilegios internos.
El proceso de inspección de la CNDH continuará en los próximos días en diferentes centros del estado. Los resultados serán determinantes para identificar áreas de oportunidad y fortalecer un sistema penitenciario que responda a las necesidades de la sociedad quintanarroense.
Mientras tanto, familiares de los reclusos permanecen atentos a las conclusiones de este diagnóstico, con la esperanza de que se traduzca en mejoras concretas en la alimentación, salud y condiciones dignas para sus seres queridos.
