En Cancún, dos hombres fueron vinculados a proceso por un juez tras ser acusados de exigir pagos semanales a comerciantes bajo amenazas de violencia.
Se trata de Jorge Francisco “N” y Marcos Isay “N”, quienes de acuerdo con las investigaciones pertenecerían a un grupo delictivo que opera en la zona.
Los hechos que desencadenaron el proceso ocurrieron en un negocio ubicado en la Supermanzana 74, cuando Jorge Francisco “N” se presentó directamente en el establecimiento y pidió hablar con los responsables.
Una vez frente a ellos, lanzó la amenaza: debían entregar cinco mil pesos cada semana como “derecho de piso”. La advertencia no quedó ahí.
Días más tarde, mientras dos trabajadores del local se dirigían al negocio, un automóvil rojo tipo Aveo se emparejó a su vehículo.
A bordo viajaban los señalados. Según el testimonio, Jorge Francisco “N” mostró un arma de fuego y exigió de nuevo el dinero.
Les advirtió que, si no cumplían con lo solicitado, atentarían contra el negocio, sin importar quién se encontrara dentro en ese momento.
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El temor de las víctimas quedó asentado en la denuncia, lo que permitió a las autoridades abrir una carpeta de investigación.
Con las pruebas recabadas, el caso fue llevado ante un juez, quien resolvió vincular a proceso a los dos hombres por el delito de extorsión agravada.
Durante la audiencia, se determinó además imponer como medida cautelar la prisión preventiva por un plazo de dos años.
Esto significa que permanecerán recluidos mientras avanza el procedimiento judicial y se define si son o no responsables de los cargos que enfrentan.
El caso refleja una problemática que afecta a comerciantes en distintas zonas de Cancún, donde la exigencia de pagos ilegales conocidos como “derecho de piso” ha sembrado miedo entre empresarios, trabajadores y clientes.
Muchos negocios han optado por cerrar o cambiar de ubicación ante la presión de grupos delictivos que buscan apoderarse de sus ingresos mediante amenazas armadas.
La vinculación a proceso contra Jorge Francisco “N” y Marcos Isay “N” es, para las víctimas, un primer paso en la búsqueda de justicia. Sin embargo, en las calles persiste la incertidumbre sobre qué tan extendidas están estas prácticas y cuántos comercios más son blanco de la misma estrategia de intimidación.