El contralor municipal en Benito Juárez, Hilario Gutiérrez Valasis, aseguró que su estrategia logística ha permitido avances importantes que en su momento se darán a conocer. Sin entrar en detalles sobre denuncias contra funcionarios públicos, admitió que existen procedimientos abiertos contra personal del Registro Civil, los cuales se encuentran actualmente en curso, particularmente relacionados con oficiales y jueces de distintas oficialías por diversas irregularidades.
“En uno de los casos, nos encontramos en la etapa de sustanciación y probablemente estemos enviando en las próximas semanas al Tribunal de Justicia Administrativa una denuncia específica por la falta de integración documental que, conforme a la ley, debió haberse completado en su momento”.
Noticia Destacada
Investigan presunta red de “matrimonios por dinero” entre mexicanos y extranjeros en Cancún
Señaló que continúan revisando el expediente iniciado por posibles anomalías en el caso de una boda entre personas extranjeras y nacionales. Sin embargo, respecto a ese asunto que circuló en redes sociales, aclaró que el expediente estuvo correctamente integrado y, hasta ahora, no se han detectado inconsistencias. Precisó además que no han recibido quejas formales sobre ese tema, más allá de lo difundido en Internet.
Por otra parte, el Contralor informó sobre el inicio del proceso de declaración patrimonial de todo el personal del Ayuntamiento (8 mil 500 trabajadores), de los cuales en los primeros días de mayo más de 500 han cumplido con esta obligación, dentro del periodo ordinario con una extensión extraordinaria.
“El arranque ha sido similar al del año pasado. Contamos con diversos módulos de apoyo y, si alguien no presenta su declaración en mayo, se inicia un procedimiento. En algunos casos podemos localizarlos y notificarles que cuentan con un plazo adicional; de no cumplir, se abre una investigación en la Contraloría, donde pueden derivarse responsabilidades para los servidores públicos”.
Puntualizó que el objetivo es que toda la información se cargue en una plataforma nacional, la cual se encarga de analizar la congruencia de los datos proporcionados en las declaraciones patrimoniales.
