El Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo (Imoveqroo) dio a conocer que el caso de las licencias falsas no corresponde a Chetumal, toda vez que habrían sido expedidas en otra entidad de la República Mexicana, por lo cual el personal del Instituto no estaría involucrado en los hechos, según señaló Rafael Hernández Kotaset, titular del Imoveqroo. Asimismo, aseguró que el caso ya está siendo investigado por la Fiscalía General del Estado (FGE).
Luego de que el pasado 20 de noviembre se diera a conocer el fraude por “licencias exprés” que costaban mil 800 pesos, por el cual los afectados responsabilizaron al Imoveqroo, el titular de la dependencia aseguró que los trabajadores a su cargo no están involucrados en dicho suceso, y que incluso la investigación en la cual trabaja la Fiscalía se inició en otro estado, ya que los hechos ocurrieron fuera de Quintana Roo.
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Cabe mencionar que cuando el hecho se dio a conocer, se habló de que el fraude fue orquestado por, al menos, tres trabajadores del Imoveqroo quienes presuntamente habrían montado toda una estructura para darle credibilidad a la estafa, de modo que solicitaban una fotografía con fondo blanco, la firma de la persona interesada en una hoja y el pago de los mil 800 pesos y entregaban las licencias en el domicilio de los solicitantes; todo con el fin de que ellos no pusieran un pie en el Instituto para que nadie sospechara.
Al respecto, Hernández Kotasek señaló que este esquema de fraude ya está siendo analizado e investigado por las autoridades, y que si bien se realizaron algunos cambios al interior de la estructura del personal del Imoveqroo, estos no responden a que se les haya comprobado algo a los trabajadores, sino que se trata de reubicaciones, como fue el caso de Violette Eljure, quien estaba en la dirección de control de licencias.
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Finalmente, reiteró que el sistema de licencias que se encuentra vigente en Chetumal cuenta con las certificaciones que se requieren para garantizar la seguridad de los usuarios; en ese sentido, explicó que cualquier irregularidad en documentos oficiales como las licencias de conducir serían detectadas en cualquier punto de verificación, de modo que se confirmaría la falsedad del documento, lo cual, además, constituye un delito que perjudicaría a quien la porta y a quien la emite.
