Un ciudadano procedente de la Ciudad de México dio a conocer que en el sur de Quintana Roo se encuentra operando una banda de estafadores inmobiliarios que se dedican a ofrecer y vender terrenos que cuentan con propietarios, quienes ni siquiera están enterados de las transacciones; de modo que el afectado perdió una inversión de 4 millones de pesos, además de la inversión en la limpieza y el levantamiento de la barda perimetral.
El agraviado, quien se identificó como Juan Cortés Torres, señaló que desde el 2023 interpuso una demanda ante la Fiscalía General del Estado (FGE) en contra de Emmanuel Zarzosa, Daniel Zarzosa, Leonardo Álvarez Campuzano y Jesús Lagos Olivera, quienes lideran una banda de estafadores inmobiliarios, según dio a conocer el afectado, toda vez que la supuesta compra del terreno la hizo a través de estas personas, quienes se basaron en documentos apócrifos para hacerle creer que la compra fue real.
Al respecto, el que señala mencionó que los estafadores hicieron uso de papeles que supuestamente estaban firmados por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), lo cual generó confianza en el afectado, además de que indicó que las autoridades del gobierno estatal aseguraron que se trataba de inversiones seguras, lo cual terminó de convencer a Juan, por lo que no desconfió ni de la transacción, ni de quienes ahora reconoce como estafadores.
Cabe mencionar que fue tras la aparición de los verdaderos dueños cuando Cortés Torres se enteró de que había sido víctima de un fraude, luego de que los dueños demostraran con documentación en mano que el terreno les pertenece; sin embargo, para ese momento, Juan ya había realizado una inversión económica extra en la limpieza del terreno, el levantamiento de la barda perimetral, e incluso se encontraban trabajando en la colocación de la infraestructura eléctrica, lo cual significó una pérdida económica aún mayor.
Por otro lado, el abogado defensor de Cortés Torres dio a conocer que las personas señaladas llevan años realizando este tipo de fraudes en diferentes zonas de Quintana Roo, de acuerdo con el modus operandi detectado, como es el caso de Cancún, Mahahual, Cozumel y Bacalar, además de Calderitas; situación que, según el abogado llevaría al menos unos 20 años ocurriendo.
En ese sentido, señaló que en el año 2020 se interpuso otra denuncia por el mismo motivo, pero respecto a un predio del municipio de Bacalar, en agravio de una ciudadana identificada como Leyda Brito Alpuche, quien fue defraudada por la cantidad de 20 millones de dólares, la cual tampoco ha prosperado, pese a que han pasado cinco años desde eso.
