Lo que inició como un desafortunado accidente vial en octubre pasado se ha transformado en una pesadilla de negligencia institucional y presunta corrupción para Julio César Zapata.
A meses de haber sufrido un accidente, a causa de un automovilista irresponsable, el afectado no solo lidia con las secuelas físicas de aquel percance, sino con un sistema de procuración de justicia que parece trabajar en su contra y la aparición de "coyotes" que operan a las afueras de la Fiscalía General del Estado (FGE).
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El incidente ocurrió en octubre, cuando Julio César circulaba en su motocicleta y un auto no respetó el alto, impactando con la unidad. La fuerza del choque fue tal que el motociclista fue trasladado inconsciente a un hospital de la ciudad. A pesar de que los peritajes iniciales señalaron la culpabilidad del automovilista, el responsable, al inicio, se negó sistemáticamente a pagar los daños, ignorando el compromiso de justicia hacia la víctima.
Desde el momento en que intentó recuperar su medio de transporte, Julio César se enfrentó al "tortuguismo" de la FGE. Las autoridades comenzaron a imponerle diversas trabas administrativas relacionadas con la documentación de la motocicleta, lo que impidió que pudiera rescatar la unidad de las manos del corralón durante las diligencias iniciales.
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"Me siento atropellado, sobajado", expresó Zapata con impotencia. La frustración escaló cuando, tras firmar un convenio de pago a tres meses, se dio cuenta de que el proceso no avanzaba, dejándolo en un estado de vulnerabilidad total frente a quien le causó el daño.
La situación tomó un giro aún más oscuro en las afueras de las instalaciones de la FGE. Ahí, Julio César fue abordado por un sujeto que aseguró tener contactos dentro de la dependencia. Este hombre le afirmó que su expediente ni siquiera estaba registrado legalmente y que lo que le estaban haciendo era un "atropello".
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Bajo la promesa de solucionar el problema y recuperar los restos de la motocicleta, el individuo le solicitó inicialmente la cantidad de mil pesos. Sin embargo, la supuesta ayuda se convirtió rápidamente en un esquema de extorsión. Al poco tiempo, el sujeto le informó que necesitaba más dinero para "entregárselo al fiscal" y agilizar el trámite, elevando la cifra a 2 mil pesos.
Tras una semana de engaños, el presunto gestor le comunicó a la víctima que había logrado anular el convenio ante la unidad de Justicia Alternativa, pero que para concretar la entrega de la moto requería aún más recursos económicos. Incluso el hombre fue a verlo a su domicilio para pedirle el dinero.
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Ante este panorama, el afectado hace un llamado enérgico a las autoridades superiores de la Fiscalía General del Estado para que revisen su caso y pongan fin a la operación de personas que, bajo el amparo de la opacidad institucional, extorsionan a quienes solo buscan justicia.
La historia de Julio César es el reflejo de un sistema donde la víctima termina siendo castigada doblemente, primero por el accidente y luego por la corrupción.
