Dos elementos de la Policía Municipal de Cozumel fueron separados de sus funciones y quedaron bajo investigación luego de que se difundieran en redes sociales videos donde presuntamente hacen uso excesivo de la fuerza contra dos mujeres en situaciones ocurridas el mismo día en distintos puntos de la isla. La decisión se tomó tras la reacción de ciudadanos que cuestionaron la actuación de los agentes y exigieron esclarecer los hechos.
El primer caso ocurrió el 3 de marzo, cuando una mujer de la tercera edad, identificada por vecinos como Daifa fue desalojada de una vivienda ubicada en la calle José María Morelos. En los videos difundidos se observa a elementos policiales retirándola del inmueble durante la ejecución de una diligencia judicial relacionada con un juicio hipotecario.
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De acuerdo con información del caso, el conflicto se originó a partir de un préstamo cercano a 70 mil pesos solicitados hace varios años, en el que la mujer habría firmado como aval. Con el paso del tiempo, el adeudo se incrementó debido a intereses y cargos legales hasta alcanzar aproximadamente 800 mil pesos, lo que derivó en un proceso judicial que concluyó con la orden de desalojo.
Las imágenes del operativo generaron indignación entre habitantes de la isla, quienes cuestionaron el uso de la fuerza durante la diligencia, especialmente por tratarse de una persona adulta mayor y con discapacidad motora.
Ese mismo día, otro video circuló en redes sociales mostrando a una mujer siendo subida a una patrulla aparentemente mediante el uso de la fuerza; posteriormente se confirmó que los mismos dos elementos policiales participaron en ambos incidentes.
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Ante la polémica, la corporación policial emitió un comunicado en el que informó que los agentes fueron separados de su cargo mientras se desarrolla una investigación administrativa. El caso fue turnado al Órgano Interno de Control, instancia encargada de revisar si los procedimientos se realizaron conforme a los protocolos establecidos.
Vecinos del sector donde ocurrió el desalojo manifestaron su preocupación por la forma en que se desarrolló la intervención.
“Entendemos que la ley debe cumplirse, pero también debe hacerse con respeto, sobre todo cuando se trata de personas mayores”, comentó José López, residente de la zona.
Por ahora, los elementos permanecerán fuera de funciones mientras se determina si existieron irregularidades en el uso de la fuerza o en la aplicación de los procedimientos policiales. El caso continúa bajo análisis de las autoridades municipales.
