La Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa confirmó que el Vicefiscal General, Dámaso Castro Zaavedra, continúa en funciones y en pleno ejercicio de sus atribuciones, pese a figurar en la lista de funcionarios mexicanos señalados por autoridades de Estados Unidos en una solicitud de extradición.
El organismo estatal emitió un comunicado en el que aclaró la situación jurídica del funcionario, en medio del contexto generado por las acusaciones del Departamento de Justicia estadounidense, que también incluyen al gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, y a otros servidores públicos de alto nivel.
Vicefiscal seguirá en funciones mientras no haya resolución
De acuerdo con la FGE, Castro Zaavedra mantiene su cargo y continuará desempeñando sus responsabilidades conforme a la ley. Asimismo, se indicó que el funcionario atenderá cualquier requerimiento o citación que emitan las autoridades competentes, incluida la Fiscalía General de la República (FGR).
La dependencia subrayó que el actuar del Vicefiscal se mantendrá dentro del marco legal vigente, en tanto no exista una resolución que determine su situación jurídica.
Noticia Destacada
Sinaloa no está solo: Gobierno federal refuerza seguridad y coordinación tras salida de Rocha Moya
Sin fuero ni inmunidad especial
En el comunicado, la Fiscalía explicó que, conforme a la legislación local, el cargo de Vicefiscal General no cuenta con un régimen especial de inmunidad procesal.
El artículo 135 de la Constitución de Sinaloa establece los casos en los que se requiere una declaratoria de procedencia para iniciar acciones legales contra servidores públicos, y dicho supuesto no incluye al Vicefiscal.
Además, el artículo 9 de la Ley Orgánica de la FGE señala que las Vicefiscalías forman parte de la estructura administrativa de la institución, sin otorgar protección adicional frente a procesos judiciales.
Contexto de acusaciones internacionales
La postura de la Fiscalía se da tras la difusión de una lista de 10 ciudadanos mexicanos señalados por autoridades del Distrito Sur de Nueva York, quienes presuntamente tendrían vínculos con el crimen organizado, específicamente con la facción conocida como “Los Chapitos”.
Entre los nombres destacan figuras políticas y de seguridad en Sinaloa, lo que ha generado un escenario de tensión política y legal tanto a nivel estatal como federal.
Investigación sigue en curso
Hasta el momento, las autoridades mexicanas han reiterado que cualquier acción legal deberá sustentarse en pruebas y seguir los procedimientos establecidos en la legislación nacional.
La FGE dejó en claro que colaborará con las instancias correspondientes y dará seguimiento a cualquier solicitud formal que derive de este caso, mientras el Vicefiscal continúa en su cargo.
SÍGUENOS EN WHATSAPP: DA CLICK AQUÍ
IO
