Quintana Roo / Riviera Maya

Fraude inmobiliario en Tulum: comprador sin propiedad pese a pagar 97 mil dólares

¡Fraude en Tulum! Comprador pagó 97 mil dólares por un departamento que nunca recibió. El caso contra la empresa Menese sigue detenido por un amparo.

Empresa Menese incumple entrega de departamento en Playa del Carmen
Empresa Menese incumple entrega de departamento en Playa del Carmen / Especial

Un presunto fraude inmobiliario en Tulum mantiene sin propiedad a un comprador que afirma haber liquidado un departamento con valor de 97 mil dólares sin recibirlo hasta la fecha.

El denunciante, Jorge Luis Ocaña Jiménez, expuso que el conflicto involucra a la empresa Menese, con sede en Playa del Carmen, responsable de un desarrollo en ese destino turístico.

De acuerdo con su testimonio, la entrega del inmueble estaba prevista originalmente para el año 2020, en el contexto de la pandemia de COVID-19.

Ante los retrasos, la desarrolladora solicitó una prórroga para concluir la obra, lo cual fue aceptado por los compradores.

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Posteriormente, se estableció mediante contrato una cláusula de compensación económica en caso de incumplimiento con la nueva fecha acordada.

Según relató Ocaña Jiménez, la empresa volvió a incumplir con el plazo fijado. Aunque algunos departamentos fueron entregados tiempo después, aseguró que su unidad no le fue otorgada luego de exigir el pago de la compensación estipulada.

Indicó que a partir de esa solicitud comenzaron los retrasos en la entrega de su propiedad.

El afectado también señaló que, pese a no haber recibido ni ocupado el departamento, comenzó a recibir cobros por servicios como agua y electricidad, situación que calificó como irregular al no tener acceso al inmueble.

Añadió que, al iniciar acciones legales, la empresa accedió en un primer momento a resolver el caso; sin embargo, problemas con su representación jurídica derivaron en un proceso prolongado.

Actualmente, el litigio se encuentra detenido debido a un amparo promovido por la parte demandada, por lo que será un juez quien determine el rumbo del caso.

El denunciante sostuvo que este proceso evidenció vacíos institucionales hacia víctimas de fraudes inmobiliarios, al considerar que las sanciones aplicadas a las empresas suelen limitarse a multas administrativas que no inhiben estas prácticas.