La posible inclusión de personas transgénero en el programa “Mujer es Poder” es motivo de un intenso debate en Chetumal. Varias féminas consideraron injusto y fuera de lugar que el Gobierno estatal pretenda integrarlas en un esquema al que ni siquiera ellas han logrado inscribirse para acceder a sus beneficios.
A esto se suma la postura de organizaciones feministas, que rechazan que, bajo un criterio de inclusión, se reduzcan las posibilidades de que el apoyo llegue a quienes realmente lo requieren, sobre todo en zonas rurales.
Un caso representativo es el de Andrea Zapata, madre soltera de dos menores, quien pese a múltiples intentos aún no recibe el respaldo que ofrece la administración estatal.
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“Desde que se dio a conocer el programa intenté registrarme en línea, como recomendaron; sin embargo, tardé cerca de dos meses y no obtuve respuesta. Después decidí continuar como estaba. En otra ocasión traté de hacerlo de forma presencial, pero solo me dieron largas; no sé si cerraron las inscripciones o qué ocurrió”, afirmó.
Guadalupe Ruiz, quien sostiene a sus tres hijos mediante la venta de chicharrones y elotes a las puertas de varias escuelas, indicó que tampoco fue aceptada, pese a cumplir con todos los requisitos solicitados.
“Le pedí a mi hermana que me ayudara, ya que domina el uso de Internet. Me explicó lo necesario, llenamos los formatos y me dijeron que me avisarían; sin embargo, hasta hoy -y hablo de casi un año- no me han informado qué pasó, ni si fui seleccionada”, señaló.
Clarissa Domínguez, quien aseguró ser víctima de violencia económica por parte de su pareja, expresó estar de acuerdo en que eventualmente se apoye a personas transgénero, pero subrayó que primero se debe atender a las mujeres. “Intenté registrarme en línea, pero en ocasiones el sitio colapsaba. Además, tengo que trabajar y no podía pasar horas intentando ingresar, por lo que opté por dejarlo”, comentó.
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La presidenta de la asociación civil ProMujer, Gabriela Rojo Castillo, señaló que la inconformidad entre quienes no han sido beneficiadas está justificada y que el Estado debe intervenir de inmediato, ya que la posible incorporación de personas trans reduciría aún más los espacios disponibles, que de por sí resultan insuficientes.
“Con respeto a la comunidad LGBTIQA+, considero que el programa está dirigido a mujeres que enfrentan violencia y luchan solas por sacar adelante a sus hijos. Una propuesta como esta me parece incorrecta, pues no es válido que grupos minoritarios se sumen a logros que han implicado sacrificio y esfuerzo para obtener beneficios”, puntualizó.
La activista indicó que el Estado debe priorizar a las mujeres dentro de este esquema y, en caso de contar con recursos suficientes, diseñar una política pública específica para apoyar a la comunidad, en particular a trans.
“Se debe evitar cometer una injusticia con quienes no pueden acceder a estos apoyos por no saber utilizar una computadora o por falta de acompañamiento institucional”, agregó.
El Colectivo Feminista Marea Verde también se pronunció sobre el tema y sostuvo que el Gobierno estatal debe reconsiderar la inclusión de personas transgénero en “Mujer es Poder”, ya que en comunidades mayas las féminas enfrentan pobreza extrema, ausencia de intérpretes para ejercer sus derechos, analfabetismo, violencia comunitaria y escasa presencia institucional.
Señalaron que muchas no acceden al programa por listas de espera, requisitos inaccesibles o presuntos actos de corrupción, por lo que destinar recursos y espacios a otros sectores implicaría desviar apoyos de quienes actualmente los necesitan con urgencia.
