A un año del fallecimiento de Marco Antonio, trabajador de Servicios Públicos municipales, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) aún no ha cubierto la indemnización correspondiente, pese a que un dictamen técnico confirmó la responsabilidad de la paraestatal por la mala instalación de un cable de alta tensión en el fraccionamiento Palma 1.
El caso fue retomado durante la “Séptima Reunión de Trabajo con Empresas Prestadoras de Servicio”, donde regidores y funcionarios revisaron el desempeño de compañías como Telmex, Aguakan, CFE y diversos proveedores de telecomunicaciones.
Aunque el tema estaba incluido en la agenda y era del conocimiento del superintendente de la CFE en la Riviera Maya, Dan Abimael Barragán Núñez, los representantes de la empresa evitaron abordarlo durante el encuentro.
Noticia Destacada
“No queremos venganza, sólo justicia”: Familia de chofer atropellado en Playa del Carmen acusa a Del Valle de evadir gastos funerarios
El presidente de la Comisión Edilicia de Desarrollo Urbano, Uri Carmona, reprochó que el personal de la empresa omitiera pronunciarse sobre el caso, al recordar que la muerte del trabajador ocurrió por una instalación defectuosa que no fue colocada dentro de un ducto subterráneo.
Subrayó que el empleado municipal realizaba labores de poda en la avenida Constituyentes cuando ocurrió el accidente, en una zona donde vecinos llevaban más de cinco años reportando irregularidades sin recibir atención.
Tras el señalamiento, los representantes de la CFE abandonaron rápidamente la sala “Leona Vicario” para evitar responder a las preguntas de la prensa.
El funcionario añadió que uno de los enviados del superintendente aseguró que buscaría coordinar una reunión con la titular de Servicios Públicos y con Barragán Núñez para revisar el avance del procedimiento.
Noticia Destacada
Viernes trágico: Hombre en situación de calle muere electrocutado dentro de un edificio abandonado de Playa del Carmen
El propio superintendente confirmó previamente que el dictamen técnico fue emitido en julio de este año, estableciendo la responsabilidad directa de la paraestatal.
No obstante, precisó que el proceso de resarcimiento podría prolongarse hasta doce meses, debido a que debe ser gestionado a través de distintas instancias federales.
