En el marco de la conferencia de la Mesa de Seguridad de Quintana Roo celebrada este lunes 30 de marzo de 2026, la Fiscalía General del Estado confirmó la sentencia máxima de 50 años de cárcel para Luis Antonio Varela Cámara y Kiabeth Sairi Sánchez Heredia, hallados culpables de un crimen que estremeció a la capital del estado por su naturaleza atroz.
Los hechos, que se remontan a diciembre de 2022, segaron la vida de Landy Guadalupe Pinto Chan, una mujer que durante 17 años, dividió sus jornadas entre las labores del hogar y el volante de un taxi del sindicato SUCHAA, labor que inició tras quedarse sin empleo en 2004 y con la cual lograba sostener a sus tres hijos, incluyendo a uno con discapacidad.
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Lo que comenzó como un servicio de transporte para cerrar el año con sustento para su familia, terminó convirtiéndose en una emboscada fatal orquestada bajo el pretexto de una "limpia espiritual".
La investigación ministerial reveló una trama de engaño donde Kiabeth Sairi utilizó la confianza y las creencias en la santería de la víctima para atraerla a un domicilio particular en la colonia Adolfo López Mateos. Una vez dentro de la vivienda, Landy fue sometida a una violencia extrema.
Los dictámenes periciales documentaron al menos 72 lesiones y múltiples mutilaciones corporales, actos que las autoridades vincularon directamente con un móvil de carácter ritual o satánico. Tras consumar el ataque, la pareja trasladó el cuerpo de la trabajadora del volante a un área verde detrás del plantel CETMAR, donde fue abandonada en un intento fallido por ocultar el feminicidio.
El hallazgo del cuerpo no solo activó los protocolos de seguridad, sino que movilizó a sus compañeros del gremio taxista y a la sociedad civil en una demanda de justicia que hoy, tres años después, alcanza una resolución jurídica definitiva.
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La sentencia dictada contra Varela Cámara y Sánchez Heredia no solo representa un castigo ejemplar por la gravedad de las mutilaciones y el ensañamiento demostrado, sino que también ofrece un cierre legal para los hijos de Landy, quienes quedaron en la orfandad tras la pérdida de su principal soporte emocional y económico.
El Fiscal del Estado subrayó que la robustez de las pruebas científicas y los trabajos de inteligencia permitieron acreditar la responsabilidad directa de los ahora sentenciados, enviando un mensaje de cero tolerancia ante crímenes de odio y violencia de género en la entidad.
Con este fallo, la memoria de Landy Pinto Chan se desliga del horror de sus últimos momentos para ser recordada por su comunidad como la madre dedicada y la taxista esforzada que, hasta su último suspiro, buscó el bienestar de los suyos en las calles de Chetumal.
